Un operativo sin precedentes para proteger a las niñas colombianas
Entre enero de 2024 y marzo de 2026, Colombia registró 98 casos de mutilación genital femenina, una práctica que afecta gravemente la salud física, mental y emocional de las niñas, especialmente las menores de cinco años. Esta situación mantiene en alerta a autoridades y organizaciones, ante la necesidad urgente de erradicar esta violación de derechos humanos.
El proyecto de ley 440 de 2025, conocido como 'Niñas sin ablación', liderado por la congresista Carolina Giraldo, busca prohibir la mutilación genital femenina y ha superado el tercer debate por unanimidad. Sin embargo, solo resta un último debate para su aprobación definitiva antes del cierre del actual período legislativo el 20 de junio.
El impacto en las comunidades y la urgencia de la ley
La mutilación genital femenina no es una tradición cultural propia, sino una práctica impuesta que persiste en algunas comunidades, como lo afirma Juliana Domico, Consejera de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá. Esta práctica está relacionada con creencias patriarcales que buscan controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres.
Risaralda concentra la mayoría de los casos reportados, con 64 entre 2024 y 2026, lo que evidencia la necesidad de focalizar acciones territoriales de prevención y pedagogía para proteger a las niñas en riesgo.
- Incorpora un enfoque intercultural construido con diálogo comunitario.
- No se centra en la penalización para evitar que la práctica se vuelva clandestina.
- Busca articular medidas de prevención y educación en los territorios.
- Reconoce la urgencia de actuar antes del cierre del Congreso el 20 de junio.
“Lo que le pedimos a los senadores es que no sigamos perdiendo tiempo con esto, porque mientras tanto podemos estar perdiendo vidas de niñas.”
“Esto no es cultural, esto es una imposición.” – Juliana Domico, Consejera Emberá
Organizaciones como la Fundación PLAN destacan que más del 56% de las víctimas son niñas menores de cinco años y que la lucha contra esta forma de violencia basada en género debe incluir un trabajo de pedagogía y diálogo con las comunidades para romper estructuras sociales que perpetúan esta práctica.
Aunque la aprobación de la ley es un avance fundamental, el verdadero desafío está en su implementación efectiva, que requiere la responsabilidad del gobierno nacional y la cooperación internacional para proteger los derechos y la integridad de las niñas en Colombia.