La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión emitida el 10 de marzo, rechazó la tutela interpuesta por Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, con la que buscaba suspender su proceso penal en Colombia y el trámite de extradición en curso.
El alto tribunal argumentó que el investigado aún cuenta con vías judiciales abiertas para impugnar supuestas irregularidades en su proceso, tanto en Colombia como en el exterior, por lo que la tutela no es procedente como mecanismo para reabrir debates ya resueltos.
El impacto en la comunidad judicial sobre el caso Papá Pitufo
Diego Marín es investigado por la Fiscalía por liderar una red criminal dedicada al contrabando con vínculos corruptos en diferentes niveles del Estado. La orden de captura fue emitida en marzo de 2024 y activó una circular roja de Interpol que permitió su localización en Europa.
Después de ser detenido en España y quedar en libertad provisional, se fugó a Portugal donde fue capturado nuevamente. Colombia inició el trámite de extradición en ambos países, mientras que el proceso penal en Colombia continuó, declarando al procesado en contumacia por su ausencia reiterada.
Razones para negar la tutela y las vías judiciales disponibles
Marín alegó violación de su derecho al debido proceso, cuestionando la legalidad de la circular roja y las capturas en el exterior, y argumentó que la orden de captura inicial ya no estaba vigente.
La Corte Suprema descartó estas afirmaciones, señalando que el trámite de extradición es un proceso administrativo que debe resolverse en ese ámbito y que el proceso penal aún no ha iniciado formalmente, con la audiencia preparatoria prevista para mayo.
Además, el tribunal respaldó las actuaciones judiciales previas, indicando que Marín conocía el proceso y decidió no comparecer, lo que justificó su declaratoria como contumaz.
“La tutela no es una tercera instancia”, recordó la Corte Suprema, enfatizando que este mecanismo no puede usarse para reabrir debates ya resueltos por los jueces naturales del caso.
Con esta decisión, la Corte Suprema dejó en firme tanto el proceso penal en Colombia como el trámite de extradición, que ahora depende de la resolución de las autoridades portuguesas respecto a la solicitud de asilo presentada por Marín.