Un operativo sin precedentes de confinamiento afecta diariamente a cerca de 400 personas en Colombia, según datos de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA). Entre enero de 2025 y febrero de 2026, 172.395 colombianos fueron forzados a recluirse en sus territorios, principalmente en zonas donde la presencia estatal es débil y grupos armados ilegales ejercen control.
Este confinamiento masivo equivale a que casi toda la población de Quibdó, o tres veces el aforo del estadio El Campín, esté bajo restricción de movilidad. La crisis se concentra especialmente en el occidente del país, con más de 91.600 personas afectadas en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
El impacto en la comunidad es profundo, pues estas restricciones no solo limitan la movilidad sino que generan violaciones a derechos humanos fundamentales, como el acceso a agua, alimentos, educación y servicios de salud. Las comunidades indígenas y afrocolombianas son las más afectadas, enfrentando además riesgos aumentados de violencia de género y reclutamiento forzado de menores.
“El miedo está transformando al país en zonas aisladas donde el derecho a moverse ya no existe”, afirmó Boris Aristín, gerente del Consorcio de Respuesta a Emergencias MIRE+, quien alertó sobre la urgente necesidad de ayuda humanitaria y el riesgo creciente si la financiación continúa disminuyendo.
La dinámica del conflicto ha evolucionado; mientras en años anteriores el desplazamiento forzado era la principal táctica para controlar territorios, ahora los grupos armados imponen el confinamiento, obligando a las comunidades a permanecer bajo su dominio. Esta estrategia afecta la autonomía y la vida cotidiana, limitando la capacidad de las personas para trabajar, acceder a servicios y mantener sus redes sociales.
El Consorcio MIRE+ ha asistido a cerca de 20.000 personas en situación de confinamiento desde 2025, pero la magnitud del fenómeno supera la capacidad de respuesta humanitaria. La financiación para Colombia en este sector se redujo a la mitad entre 2024 y 2025, pasando de 205,9 a 95,1 millones de dólares.
En 2024, Colombia registró 7,3 millones de desplazados internos, siendo el tercer país con mayor número a nivel mundial, solo superado por Siria y Sudán. Casi 9,9 millones de personas viven en áreas con presencia de grupos armados no estatales, lo que perpetúa la inseguridad y el confinamiento.
“El confinamiento no es una excepción: es una constante del conflicto”, explicó Boris Aristín, quien detalló que esta práctica ha sido una tendencia constante durante la última década, afectando diariamente a cerca de 380 personas.
El confinamiento limita el acceso a derechos básicos como la educación, la salud y la alimentación. Por ejemplo, una mujer en trabajo de parto bajo toque de queda no puede desplazarse a tiempo para recibir atención médica, poniendo en riesgo su vida y la de su bebé. Además, el impacto psicológico y social en las comunidades es significativo.
Aunque existen iniciativas para crear corredores humanitarios que permitan el acceso a ayuda en zonas confinadas, estas acciones suelen tardar y dependen de la voluntad de los actores armados. En algunos casos, como en la comunidad de Pacelli, se han logrado entradas para distribuir ayuda y brindar servicios básicos.
La respuesta estatal ha mostrado avances, como el Decreto 525 de 2025 que define el concepto de confinamiento y establece mecanismos para la respuesta institucional. Sin embargo, la complejidad del fenómeno y la limitada presencia estatal en territorios afectados dificultan su mitigación.
El llamado urgente de las organizaciones humanitarias es a aumentar la financiación y fortalecer la protección a las comunidades, garantizando el respeto al derecho internacional humanitario y el acceso a servicios esenciales para quienes viven bajo confinamiento.