En octubre de 2022, el periodista y defensor de derechos humanos Rafael Emiro Moreno fue asesinado en Montelíbano, Córdoba, tras recibir amenazas por sus investigaciones sobre corrupción y violencia en la región. Moreno, director del medio Voces de Córdoba, había alertado sobre su situación de riesgo antes de ser atacado por sicarios del Ejército Gaitanista de Colombia.
Casi cuatro años después, la Fiscalía logró un avance significativo con la condena de Edinson Manuel Meza Avilez, alias “el señor de los números”, comandante de los urbanos del Ejército Gaitanista de Colombia en Montelíbano. Meza aceptó cargos por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, y fue sentenciado a 11 años y dos meses de prisión.
El juzgado especializado de Montería destacó que Meza dirigía las operaciones criminales en varios municipios de Córdoba, ordenando homicidios, extorsiones y ataques contra la Policía. Su captura en diciembre de 2024 se dio tras un operativo en el que se le incautaron armas y explosivos.
Aunque la sentencia no esclarece los móviles específicos detrás del asesinato de Moreno, confirma la responsabilidad del Ejército Gaitanista de Colombia en el crimen. Se desconoce si actuaron por iniciativa propia o bajo encargo de terceros, por lo que la investigación continúa abierta.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y organizaciones internacionales como Forbidden Stories han acompañado el caso, exigiendo que se profundice en las causas y se garantice justicia plena para el periodista, símbolo de la lucha por la libertad de expresión en Colombia.
“Él ordena todos los homicidios en Montelíbano. También manda a presionar a los negocios que no pagan extorsiones y coordina ataques contra la Policía”, explicó un testigo en el proceso contra Meza Avilez.
Como parte de un acuerdo de colaboración, Meza fue enviado a un centro alternativo de reflexión espiritual en el Resguardo Indígena Zenú, debido a su pertenencia a esta comunidad ancestral. Sin embargo, deberá cumplir la condena que le impuso la justicia colombiana.
El caso Rafael Moreno sigue siendo un símbolo de la persecución contra periodistas en zonas de conflicto y de la necesidad de proteger a quienes informan sobre corrupción y violencia en Colombia.