Tras la liberación del dirigente opositor William Dávila, quien permaneció preso tras las elecciones de 2024, persisten las denuncias sobre la confiscación de bienes a adversarios políticos en Venezuela, una práctica que ha dejado a muchos en la ruina.
El caso de Enrique Márquez, ex candidato presidencial y fundador del partido Centrados, ejemplifica esta situación: detenido y despojado de su apartamento, su casa fue allanada y saqueada por la policía, perdiendo objetos personales y dinero.
Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del opositor Leopoldo López, denunció el reciente saqueo de su residencia en Caracas, donde las autoridades se llevaron cuadros, mascotas y pertenencias familiares.
En 2023, la Asamblea Nacional dominada por el chavismo aprobó la Ley de Extinción de Dominio, que permite confiscar bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas sin compensación ni sentencia judicial, un mecanismo que ha sido utilizado para castigar a opositores.
Aunque la ley fue presentada como una herramienta para combatir la corrupción y el narcotráfico, en la práctica ha servido para despojar a presos políticos y civiles acusados arbitrariamente, según expertos en derechos humanos.
“La Ley de Extinción de Dominio ha sido el paraguas para que se cometan todas estas atrocidades contra presos políticos y políticos opositores”, señala Joel García, abogado defensor de derechos humanos.
Familiares de empresarios y opositores han denunciado la toma de propiedades, vehículos y empresas, que son operadas por funcionarios estatales sin autorización, generando pérdidas económicas y personales irreparables.
Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, relata cómo sus propiedades fueron confiscadas tras mantener una postura crítica frente al chavismo, situación que también afecta a muchas familias que han huido o están en el exilio.
Organizaciones como Foro Penal advierten que este tipo de confiscaciones sin proceso judicial son prácticas comunes en regímenes autoritarios y representan una grave violación de los derechos humanos en Venezuela.
El impacto en la comunidad y el futuro de la oposición
Estas confiscaciones generan un efecto intimidatorio y buscan desarticular la capacidad política y económica de la oposición venezolana, profundizando la crisis humanitaria y política del país.