El enfrentamiento entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) escaló a un nuevo nivel. Daniel Quintero, superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, instauró una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la FLA, por presunta obstrucción a las labores de inspección, vigilancia y control que se adelantaban en la empresa.
El incidente que desató la denuncia
Según Quintero, los hechos ocurrieron el viernes 26 de junio en horas de la tarde, cuando una comisión de la Supersalud se presentó en la sede de la licorera para realizar una auditoría. La alta gerencia de la FLA se negó a entregar los documentos solicitados, una situación que el funcionario calificó como 'extraordinaria' y 'nunca antes vista en la historia de la superintendencia'. Además de la denuncia penal, Quintero anunció que el caso fue remitido a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen a los servidores implicados.
La defensa de la Fábrica de Licores
La FLA respondió con un comunicado oficial rechazando las acusaciones. La empresa aseguró haber atendido de manera diligente y respetuosa a los organismos de control, y desmintió que esté ocultando información. Argumentaron que su postura se basa en la defensa del debido proceso, por lo que radicaron una recusación formal contra el proceso de auditoría, amparados en las herramientas legales colombianas.
El fondo de la disputa: ¿extralimitación de funciones?
El núcleo de la defensa de la FLA es que la Superintendencia de Salud estaría incurriendo en una extralimitación de sus funciones. Según la licorera, los auditores han exigido datos confidenciales, financieros y de gobierno corporativo que exceden el ámbito sanitario. Entre las peticiones cuestionadas se encuentran actas de juntas directivas, registros de litigios judiciales, conciliaciones en curso y certificaciones de cuentas bancarias. Para la FLA, estas demandas vulneran la neutralidad y la reserva comercial de la organización.
El pulso legal y político se ha intensificado, y el Ministerio de Salud ya tomó nota del caso al respaldar la continuidad de la vigilancia sobre la FLA.