La Contraloría General de la República lanzó una alerta pública sobre los vacíos detectados en la estructuración, articulación y ejecución de los 18 decretos expedidos por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
El órgano de control solicitó a la administración nacional y a las entidades encargadas revisar con rigor la implementación de estos decretos conforme a la normatividad vigente, haciendo especial énfasis en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La Contraloría advirtió sobre los riesgos derivados de la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos, que podrían afectar la financiación y continuidad de programas en curso, y recomendó que las decisiones se adopten con el debido rigor jurídico y técnico.
Además, instó a establecer mecanismos claros para el reembolso oportuno de recursos transferidos desde otros sectores, en la medida que ingresen los fondos provenientes de los nuevos impuestos creados durante la emergencia, cuyo monto asciende hasta $8,68 billones.
Respecto al traslado excepcional de recursos del sector eléctrico hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Contraloría cuestionó que esta entidad no tenga la experticia ni estructura organizacional para gestionar obras de alta complejidad.
El organismo de control también criticó la ampliación de facultades contractuales y la creación de nuevos tributos sin que las entidades responsables fortalezcan previamente su capacidad de gestión e inversión.
En el ámbito ambiental, la Contraloría alertó sobre los riesgos de modificar unilateralmente la operación de embalses hidroeléctricos sin el rigor técnico necesario, lo que podría generar incumplimientos contractuales y afectaciones en el sector energético.
La entidad hizo un llamado a mejorar los mecanismos de focalización y verificación en la asignación de apoyos extraordinarios para evitar errores y duplicidades en los registros de beneficiarios.
El gobierno tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de los recursos provenientes de los nuevos impuestos, además de fortalecer la capacidad operativa de la DIAN y los controles relacionados con el impuesto al patrimonio y los juegos de suerte y azar por internet.
La Contraloría anunció que solicitará a los ministerios y a la UNGRD los soportes que justifiquen la necesidad de recaudar los $8,68 billones y los criterios usados para su distribución entre sectores afectados.
Finalmente, el organismo enfatizó que Colombia debe aplicar eficazmente los mecanismos de prevención y atención de desastres previstos en la normatividad vigente, y continuará su vigilancia para salvaguardar el patrimonio público y asegurar el uso correcto de los recursos destinados a la emergencia.