En un foro convocado por la Contraloría General de la República, el contralor Carlos Hernán Rodríguez expuso el delicado estado de las finanzas públicas colombianas, donde el servicio de la deuda alcanzó en 2025 los 105 billones de pesos, equivalente al 23% del gasto público total, aumentando cinco puntos porcentuales desde 2021.
Rodríguez enfatizó que este crecimiento en el endeudamiento limita el espacio fiscal para inversión y pone en riesgo la sostenibilidad financiera del país si no se implementa un plan estructural que reorganice las finanzas públicas, controle el endeudamiento y equilibre ingresos y gastos.
Pasivos acumulados y retos inmediatos
La Contraloría reportó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen deudas por 32,98 billones de pesos a 2024, y los subsidios eléctricos pendientes suman cerca de 3,8 billones. Además, el Estado debe 17 billones por condenas judiciales y enfrenta pasivos de indemnizaciones por más de 133 billones de pesos a víctimas.
El contralor advirtió que sin una depuración rigurosa de cuentas y un plan serio y transparente de pago de estas deudas, la credibilidad institucional y la estabilidad económica se verán afectadas.
Recomendaciones para el próximo gobierno
- Garantizar el acceso a electricidad y gas mediante el pago inmediato de cerca de 10 billones de pesos en deudas del sector antes de la temporada del Fenómeno del Niño.
- Cerrar brechas en la ejecución presupuestal para evitar retrasos en obras y políticas públicas que afectan el bienestar social.
- Ampliar la base tributaria, combatir la evasión, modernizar la administración fiscal y establecer reglas claras para promover la inversión.
- Fortalecer la coordinación entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda para asegurar coherencia macroeconómica sin perder autonomía.
- Priorizar la transparencia y la disciplina fiscal para mantener la confianza de los mercados, ciudadanos y organismos internacionales.
El contralor Rodríguez concluyó que el primer acto del nuevo presidente o presidenta debe ser presentar un plan de recuperación económica, basado en reglas claras, decisiones responsables e instituciones con rigor técnico, para fortalecer la estabilidad macroeconómica y la confianza nacional.