Un operativo sin precedentes de la Contraloría General de la República destapó un multimillonario desfalco vinculado a proyectos de becas financiados con recursos del Sistema General de Regalías en los departamentos de Chocó y Magdalena.
La auditoría, liderada por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, reveló que no existen constancias de estudio, listados de beneficiarios ni soportes de los giros realizados para los proyectos que buscaban fortalecer el capital humano mediante becas de maestría y doctorado en áreas de ciencia, tecnología e innovación.
Irregularidades en Magdalena
En Magdalena, el proyecto aprobado en 2013 con un presupuesto inicial de 29.011 millones de pesos no presentó documentación suficiente para acreditar la ejecución de los programas ni la identificación de los beneficiarios. A pesar de reportar un avance financiero del 80,84 %, no se pudieron establecer relaciones verificables entre los recursos desembolsados y los resultados obtenidos.
Durante ese periodo, el gobernador era Luis Miguel Cotes Habeych, quien actualmente enfrenta investigaciones disciplinarias y penales por presuntas irregularidades en otros proyectos.
Hallazgos críticos en Chocó
En Chocó, el proyecto aprobado en 2012 con un presupuesto de 41.608 millones de pesos mostró falencias aún más graves, como ausencia de beneficiarios graduados, falta de soportes de formación complementaria y la inexistencia de productos académicos o sociales tangibles.
Además, la Gobernación del Chocó no constituyó expedientes institucionales oficiales, y la interventoría del proyecto omitió sus funciones de vigilancia y control, lo que agravó la situación.
Deficiencias en control y transparencia
La Contraloría calificó el sistema de control interno de ambos proyectos como inadecuado, detectando ausencia de auditorías y exclusión de recursos de regalías de los procesos formales de seguimiento.
También se evidenciaron incumplimientos al principio de transparencia, pues la información contractual no fue reportada adecuadamente en plataformas oficiales como SECOP, limitando el control ciudadano y la supervisión institucional.
“La ejecución de estas iniciativas no logró materializar su finalidad y no cuenta con soportes que permitan demostrar su correcta ejecución”, afirmó la Contraloría.
Ante estos hallazgos, la Contraloría anunció que adelanta actuaciones para determinar responsabilidades fiscales individuales y trasladó los resultados a la Procuraduría y la Fiscalía, manteniendo seguimiento permanente al uso de los recursos públicos provenientes de regalías.