El primer trimestre de 2026 registró un aumento en las denuncias por extorsión en Colombia, alcanzando la cifra más alta en la última década. Sin embargo, el director de Policía Antiextorsión, coronel Edgar Correa Tobón, aclara que este incremento no indica necesariamente un deterioro en la seguridad.
El coronel Correa explicó que durante años muchas víctimas no denunciaban por miedo o desconfianza, pero ahora la ciudadanía está rompiendo el silencio y usando con mayor frecuencia los canales oficiales para reportar estos delitos. Esto se debe a campañas permanentes y mayor presencia institucional en todo el país.
En 2026 se han reportado 3.147 intentos de extorsión, un 4 % menos que el periodo anterior, y el 78 % de estos casos no accedió a las exigencias criminales. Gracias a denuncias oportunas, se han capturado 807 extorsionistas y se ha evitado que más de 20.000 millones de pesos ingresen a estructuras criminales.
La Policía ha realizado más de 12.000 actividades de gestión comunitaria en los 32 departamentos, incluyendo jornadas preventivas, encuentros con comerciantes y consejos de seguridad. Estas acciones fortalecen la confianza ciudadana y permiten una mayor denuncia.
El coronel Correa advierte que no todas las denuncias terminan siendo extorsión; algunas corresponden a estafas o amenazas, por lo que se realiza una depuración técnica en conjunto con la Fiscalía para clasificar correctamente cada caso.
La línea 165 ha sido fundamental para atender a las víctimas con personal especializado que ofrece contención emocional y orientación para evitar pagos, preservar evidencia y activar investigaciones. Hasta la fecha, se ha brindado asesoría directa a más de 11.000 ciudadanos.
Entre el 40 % y 45 % de las llamadas extorsivas tienen origen en centros penitenciarios. Por ello, la Policía impulsa un proyecto de ley para crear un registro de identificación biométrica de usuarios de líneas telefónicas, dificultando el uso anónimo para delinquir.
Las principales modalidades de extorsión identificadas son la clásica, con intimidación presencial a comerciantes y transportadores, y la digital, que incluye llamadas, mensajes y suplantación en redes sociales. Para enfrentar esto, se creó el Ciber Gaula, unidad especializada en investigación tecnológica.
La Policía también participa en la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión (Cipse), que agrupa a más de 25 países para combatir organizaciones transnacionales como el ‘Tren de Aragua’.
Las ciudades con mayor focalización institucional son Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Medellín, Cali y Villavicencio, donde se asignan recursos según denuncias, inteligencia y presencia criminal.
El mayor desafío sigue siendo romper el silencio impuesto por el miedo en comunidades donde la extorsión se normaliza. La denuncia y la información oportuna son claves para debilitar las finanzas criminales y reducir este delito, que se ha convertido en una fuente importante de ingresos para grupos ilegales.
“Mientras exista flujo de dinero, seguirán intentando sostener ese negocio. Por eso insistimos en la denuncia. Si no hay pago y sí hay información, la capacidad criminal se reduce.”
Desde su nombramiento, el coronel Correa destaca las operaciones de rescate, capturas estratégicas y la consolidación de capacidades preventivas y tecnológicas que permiten una reacción más rápida y efectiva contra la extorsión y el secuestro en Colombia.