A pocos días de la posesión presidencial en Cali, el gobierno electo de Abelardo De La Espriella activó una nueva batería de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Las actuaciones, radicadas entre el 1 y el 3 de agosto, señalan presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas que comprometen recursos superiores a $370.000 millones.
Los hallazgos más graves
- Contrato de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y CODALTEC: posibles sobrecostos de hasta el 85%, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional.
- Contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por $24.800 millones, adjudicada pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección que le dio origen.
- Contrato jurídico de CENIT (filial de Ecopetrol) por cerca de $23.000 millones, con presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y eliminación de mecanismos de control y seguimiento.
Cada hallazgo de presunta corrupción tiene que llegar a las autoridades competentes. Ese ha sido el compromiso del Empalme Anticorrupción desde el primer día y una instrucción clara del presidente electo.
Las denuncias fueron radicadas por Germán Calderón España, director del 'Grupo Élite del Empalme Anticorrupción', quien lidera el equipo de transición encargado de revisar la gestión del gobierno saliente. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, respaldó las acciones y reiteró el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción.