Política

Radican proyecto para sepultar la 'paz total' de Petro: adiós al estatus político de criminales y vuelven las capturas

El proyecto de ley radicado por el representante Simón Molina busca eliminar el estatus político a estructuras criminales, suspender diálogos en curso y reactivar de inmediato órdenes de captura suspendidas bajo la 'paz total'.

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Foto: La voz del país

Un golpe directo a la 'paz total'

El representante a la Cámara Simón Molina, del partido Creemos, radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca derogar la 'paz total' del presidente Gustavo Petro. La iniciativa, titulada 'por medio de la cual se garantiza la primacía de la Justicia y la protección de las víctimas, se modifican y derogan disposiciones de la Ley 2272 de 2022', propone cambios drásticos en la política de paz del Gobierno.

El corazón de la propuesta

El proyecto se enfoca en tres ejes: prohibir el otorgamiento de estatus político a estructuras del crimen organizado, suspender los acercamientos vigentes con bandas criminales y reactivar de forma inmediata todas las órdenes de captura y medidas de aseguramiento suspendidas en el marco de dichos diálogos.

  • Derogatoria de los artículos 2 (literal c), 5, 6 y 7 de la Ley 2272 de 2022.
  • Fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas.
  • Eliminar disposiciones que permiten suspender medidas judiciales contra estructuras de crimen de alto impacto sin un marco de sometimiento previo y riguroso.

¿Qué pasará con las órdenes de captura?

Según el artículo 2 del proyecto, la medida tendrá aplicación en todo el territorio nacional y vinculará a todas las autoridades. El texto señala que el levantamiento o suspensión de órdenes de captura, medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad solo podrá proceder cuando exista una ley de sometimiento a la justicia previa que defina condiciones de verdad, reparación y penas efectivas, cumpliendo estándares internacionales y el precedente constitucional.

El fin del estatus político

El artículo 5 prohíbe a las autoridades del Ejecutivo reconocer estatus político u otorgar beneficios propios de procesos de paz a organizaciones que no tengan origen y naturaleza político-militar conforme al Derecho Internacional Humanitario. Además, establece que el sometimiento de estructuras criminales de alto impacto se regirá exclusivamente por la justicia ordinaria o la que determine el legislador.

Diálogos en la cuerda floja

El artículo 6 ordena suspender todos los acercamientos, conversaciones, diálogos o procesos de sometimiento con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que estén en curso bajo el amparo de la Ley 2272 de 2022. Esto implicaría la activación inmediata de las órdenes de captura, medidas de aseguramiento y penas privativas de la libertad que fueron suspendidas a favor de miembros o voceros de dichas estructuras.

Las autoridades judiciales y de policía deberán proceder a su ejecución sin necesidad de requerimiento adicional.

La iniciativa, que ya fue radicada, genera un fuerte debate en el Congreso y en el Gobierno. Mientras sus promotores la defienden como una garantía para la justicia y las víctimas, los críticos advierten sobre un posible retroceso en los procesos de paz. La noticia está en desarrollo y se espera la reacción de las partes involucradas.

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