Un proceso marcado por irregularidades y múltiples prórrogas
En noviembre de 2025, Findeter abrió una convocatoria para adquirir maquinaria pesada destinada a la construcción y mejoramiento de vías en municipios priorizados de Norte de Santander, Nariño y Putumayo, con un presupuesto inicial de 15.215 millones de pesos provenientes del Fondo Paz. Durante el proceso, se recibieron tres propuestas iniciales, pero varias incumplieron requisitos básicos como la presentación del documento de constitución, lo que llevó a la apertura de múltiples adendas y prórrogas para corregir estas fallas.
A pesar de estas ampliaciones, Findeter canceló la convocatoria en diciembre por falta de cumplimiento. Posteriormente se abrió un nuevo proceso con un presupuesto aumentado a 18.000 millones de pesos, dividido en seis grupos de maquinaria pesada, en el que solo un oferente podía adjudicarse la totalidad del contrato.
Certificaciones bancarias adulteradas y la aparición de un consorcio cuestionado
El 7 de enero se recibieron seis propuestas, de las cuales solo dos cumplieron requisitos. Sin embargo, durante la evaluación financiera se detectó que la carta cupo bancaria presentada por la Unión Temporal M&B —integrada por Moto Mart SAS e Industrias Búfalo— fue declarada falsa por el Banco de Bogotá. Este documento, que supuestamente certificaba un crédito por más de 21.000 millones de pesos, no correspondía a ninguna certificación emitida por dicha entidad financiera.
Ante esta irregularidad, el proceso fue declarado desierto el 29 de enero. Sin embargo, ese mismo día Findeter decidió iniciar una contratación directa para adjudicar el contrato antes del inicio de la ley de garantías.
Adjudicación directa a consorcio con certificaciones falsas y cuestionadas
El 30 de enero Findeter adjudicó directamente el contrato por 18.000 millones de pesos al consorcio MAQ 2026, conformado por representantes de varias empresas, entre ellas El Transportador SAS y EMARCO. Para respaldar su experiencia, el consorcio presentó certificaciones comerciales, incluyendo una de Sinotruk que avalaba a Moto Mart como distribuidor exclusivo en Colombia, a pesar de las dudas previas sobre esta empresa.
La situación se agravó cuando Distribuidora Dinissan, una de las compañías más grandes en el sector automotriz y fabricante de maquinaria pesada, denunció que la certificación que el consorcio presentó a nombre de Dinissan era falsa. En un documento oficial fechado el 11 de marzo, la representante judicial de Dinissan aclaró que la comunicación atribuida a su organización no correspondía a ninguna emitida por la empresa, evidenciando un posible fraude.
Reacciones y posibles investigaciones
Findeter confirmó haber presentado una denuncia penal contra Moto Mart ante la Fiscalía General por la falsificación de la carta cupo bancaria, aunque inicialmente no se había dado a conocer públicamente. Respecto a la certificación falsa de Dinissan, la entidad manifestó no tener conocimiento de una reclamación formal durante el proceso de contratación directa.
Este escándalo ha puesto en evidencia las fallas en los mecanismos de control y evaluación de la financiera estatal, además de generar cuestionamientos sobre la influencia de relaciones políticas, como las vinculaciones del expresidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, con congresistas del Partido Liberal.
La situación amerita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades para esclarecer responsabilidades y garantizar la transparencia en la adjudicación de contratos públicos destinados a proyectos de infraestructura en zonas vulnerables.