La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional realizó una inspección a la cárcel El Barne, en Cómbita (Boyacá), y evidenció problemas de hacinamiento, dificultades en el acceso al agua potable y múltiples quejas por demoras judiciales en el estudio de beneficios para personas privadas de la libertad.
La diligencia fue encabezada por las magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera y Lina Marcela Escobar Martínez, junto con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.
Un hacinamiento que supera el 40 %
Durante el recorrido por el penal, los magistrados sostuvieron reuniones con directivos del Inpec, de la Uspec, personal de salud, organismos de control y personas privadas de la libertad, con el objetivo de verificar las condiciones de reclusión y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte. Según la información entregada por las autoridades penitenciarias, actualmente en el establecimiento permanecen recluidas 4.132 personas, lo que representa un hacinamiento aproximado del 40,1 %.
El drama del agua en el bloque de alta seguridad
La Sala también constató problemas relacionados con el acceso al agua potable, especialmente en el bloque de alta seguridad. De acuerdo con las quejas recibidas durante la inspección, el suministro solo está disponible en determinados horarios y los internos deben almacenar agua en recipientes para cubrir necesidades básicas durante varias horas. La Corte advirtió que esta situación compromete el acceso “efectivo y continuo” a un servicio esencial.
Demoras judiciales y falta de resocialización
A esto se sumaron reclamos por demoras de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en el análisis de beneficios administrativos, así como preocupaciones frente a las condiciones de resocialización y el acceso a programas de educación, trabajo y formación superior dentro del penal.
Requerimientos urgentes de la Corte
Tras la visita, la Sala Especial formuló requerimientos a las autoridades competentes relacionados con el acceso al agua, la prestación de servicios de salud y las medidas para garantizar procesos efectivos de resocialización.