Un magistrado auxiliar del despacho de Jorge Caldas, acompañado por un equipo de investigadores, llevó a cabo una inspección al apartamento del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, en Montería. Esta diligencia judicial, realizada el 20 de marzo de 2026, forma parte de las pruebas solicitadas por la defensa y avaladas por la Corte para confirmar los hechos que motivaron la orden de prisión contra Calle en julio del año anterior.
El operativo se enfoca en validar el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien aseguró ante la Corte haber entregado personalmente en efectivo una coima de mil millones de pesos a Calle en ese mismo apartamento. Según Pinilla, para evitar transportar el dinero en efectivo desde Bogotá y no generar alertas en los controles aeroportuarios, realizó una transacción con criptomonedas que luego fueron convertidas en efectivo en una casa de cambio en Montería.
La defensa de Calle ha cuestionado la claridad de esta trazabilidad y ha solicitado al magistrado Caldas ordenar pruebas adicionales para verificar la veracidad del relato. En un recurso de nulidad presentado por el abogado Billy Torres, se argumenta que esta parte esencial del caso no fue esclarecida durante la etapa de instrucción, afectando la integralidad del conocimiento de la verdad.
“El deber de colaboración de Pinilla Álvarez, quien se sometió a un principio de oportunidad, implica la obligación legal de entregar toda la información relacionada con los hechos que vinculan a mi representado. Este deber no puede agotarse en testimonios parciales que impiden conocer la verdad en su totalidad.”
Además de la inspección, la Corte Suprema ha citado a Olmedo López y nuevamente a Sneyder Pinilla para que ratifiquen o desvirtúen las acusaciones. También serán escuchados Juan David García, exasistente de Calle, y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, en el marco de la investigación.
Esta medida judicial refleja el compromiso de la Corte Suprema con el esclarecimiento de los hechos relacionados con el presunto saqueo a la UNGRD y con la transparencia en los procesos que involucran a altos funcionarios públicos.