La Defensoría refuerza la defensa del derecho al aborto en Bogotá
La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, que pretendía imponer requisitos como exámenes psicológicos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La entidad calificó estas barreras como inconstitucionales e ilegales, en línea con advertencias previas enviadas a la Secretaría Jurídica Distrital.
El proyecto vulneraba derechos sexuales y reproductivos reconocidos
Aunque el proyecto se presentó bajo un lenguaje de acompañamiento, la Defensoría señaló que en la práctica introducía obstáculos directos e indirectos para ejercer el derecho al aborto, despenalizado por la Corte Constitucional el 21 de febrero de 2022 mediante la Sentencia C-055. La imposición de exámenes psicológicos contradecía esta jurisprudencia y los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Además, la iniciativa podría institucionalizar mecanismos de vigilancia y estigmatización contra mujeres, hombres trans y personas no binarias capaces de gestar, configurando una forma de violencia institucional incompatible con la dignidad humana y la autonomía.
La defensa de derechos ante la presión social y política
La Defensoría recordó que el proyecto también contravenía el Acuerdo Distrital 879 de 2023, que reconoce la IVE como un servicio esencial de salud y obliga a eliminar barreras de acceso. La entidad resaltó la importancia del seguimiento de organizaciones feministas y de la sociedad civil para visibilizar los riesgos que implicaba el acuerdo.
Finalmente, la Defensoría reiteró su compromiso de promover y defender los derechos humanos, ofreciendo acompañamiento técnico y jurídico para que las políticas públicas en Bogotá respeten la Constitución y los estándares internacionales en derechos sexuales y reproductivos.