Dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, que no contempla un periodo de vigencia ni caducidad, Delcy Rodríguez, quien está al frente del régimen, anunció que este mecanismo legal ha llegado a su fin.
La decisión ha generado cuestionamientos por parte de diversas organizaciones no gubernamentales, que indican que la amnistía solo puede ser modificada o terminada por vía legislativa o judicial, no por una declaración ejecutiva.
Además, resaltan que aún permanecen en prisión 473 personas consideradas presos políticos, lo que pone en entredicho la efectividad y el alcance de esta medida.
Organizaciones cuestionan que el Ejecutivo pueda dar por terminada una norma que, sostienen, solo puede ser modificada por vía legislativa o judicial.
Este anuncio se da en un contexto de tensión política y social en Venezuela, donde la amnistía había sido vista como un posible paso hacia la reconciliación y la liberación de detenidos por motivos políticos.
La comunidad internacional y actores políticos continúan atentos a las implicaciones de esta decisión y a la situación de los presos políticos en el país.