Ante la Corte Constitucional llegó una demanda que cuestiona la vigencia de la licencia de maternidad en Colombia, actualmente establecida en 18 semanas, por considerarla insuficiente para garantizar los derechos fundamentales de los recién nacidos.
La acción judicial, presentada por Diego Andrés López Suárez, solicita tumbar parcialmente el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula este beneficio para las mujeres embarazadas.
El demandante argumenta que mientras organismos internacionales como la OMS y UNICEF recomiendan una lactancia materna exclusiva de seis meses (26 semanas), la norma colombiana ofrece ocho semanas menos, lo que representa un déficit cercano al 30 % en la protección del menor.
Se señala que esta brecha afecta directamente la alimentación, salud y desarrollo integral de los niños, pues la licencia de maternidad es el mecanismo clave para garantizar que el recién nacido reciba el cuidado necesario en sus primeros meses.
“La licencia de maternidad es el instrumento mediante el cual el Estado garantiza que el recién nacido reciba cuidado y atención en sus primeros meses.”
La demanda también sostiene que otros permisos de lactancia o medidas complementarias no suplen la ausencia de la madre durante este periodo crucial, haciendo que la licencia remunerada sea el único medio efectivo para proteger estos derechos.
Se argumenta además que la regulación actual desconoce el artículo 44 de la Constitución, que prioriza los derechos de los niños, y que la norma no supera un test de proporcionalidad en términos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
- La licencia de 18 semanas no es idónea para proteger el desarrollo integral del menor.
- Existen alternativas menos restrictivas, como ampliar el tiempo de licencia.
- El sacrificio de los derechos del niño supera cualquier beneficio de la norma actual.
Con base en estos fundamentos, se pide a la Corte declarar inexequible el límite actual y ajustar la licencia de maternidad a seis meses, en línea con los estándares internacionales.
De forma subsidiaria, se propone que esta ampliación se mantenga mientras el Congreso expida una nueva regulación que no sea regresiva en materia de protección a la niñez.
Este debate pone en evidencia la necesidad de revisar las políticas públicas para garantizar el bienestar de madres y recién nacidos en Colombia.