La salida de Adith Romero desata polémica en la Unidad para las Víctimas
Adith Rafael Romero Polanco fue removido de su cargo en la Unidad para las Víctimas por orden del Departamento de Prosperidad Social (DPS) tras detectarse posibles irregularidades administrativas que están siendo investigadas por la Procuraduría y la Contraloría.
Contrataciones rápidas favorecen a allegados de congresistas aliados al Gobierno
Después de la salida de Romero, las directivas de la Unidad habrían impulsado un proceso acelerado de vinculación laboral para personas vinculadas a tres candidatos al Congreso, especialmente al senador santandereano Gustavo Moreno. Según fuentes internas, se ordenó priorizar la carga de hojas de vida relacionadas con estos políticos en el sistema Secop II.
“Necesitamos cargar lo que más podamos”, indicaron a los encargados de gestionar los contratos, privilegiando nombres asociados a Moreno.
Además de Moreno, se habrían beneficiado allegados a Erwin Jiménez, aspirante a la Cámara de Representantes, y a Jairo Alberto Castellanos, candidato al Senado por la Alianza Verde y En Marcha.
El aumento masivo de contratistas y sus posibles motivaciones políticas
Actualmente, la Unidad para las Víctimas cuenta con cerca de 1.500 contratistas, pero se proyecta un aumento hasta 4.000, con la intención de incluir a más personas cercanas a estos sectores políticos. Funcionarios internos denuncian que estas maniobras responden a un mecanismo para garantizar respaldo legislativo al Gobierno de Gustavo Petro.
Estas prácticas reflejan un patrón más amplio en varias dependencias del Ejecutivo, donde se habrían utilizado cargos públicos para asegurar el apoyo político de congresistas afines.
¿Cómo impactarán estas denuncias en la gestión pública y la política colombiana?
Expertos advierten que estas denuncias reavivan el debate sobre los nombramientos a dedo y la transparencia en la administración pública. Sectores políticos alertan sobre la posible vinculación de estas contrataciones con la búsqueda de apoyo electoral para candidatos de izquierda cercanos al Gobierno, lo que podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones.