Un fallo ejemplar contra el acoso en la fuerza pública
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por 10 años del intendente de la Policía Óscar Hernán Caiza Dávila, tras comprobarse que acosó sexualmente a una subalterna en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, durante el año 2024.
El caso fue adelantado por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca, que ratificó la decisión de primera instancia. Durante el proceso disciplinario se aplicó el enfoque de género y se siguieron las recomendaciones legales establecidas para este tipo de conductas.
Los hechos que llevaron a la sanción
Según el ente de control, los hechos ocurrieron cuando Caiza Dávila se desempeñaba como comandante de la estación policial de Trujillo. La investigación determinó que el intendente tenía pleno conocimiento de la gravedad de sus actos, dada su formación institucional, experiencia en el servicio y la naturaleza claramente reprochable de su conducta.
El acoso sexual cometido por el intendente es una falta gravísima cometida a título de dolo.
La Procuraduría destacó que la sanción busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia de género al interior de las instituciones del Estado, especialmente en la fuerza pública.