Con el reconocimiento de responsabilidad del brigadier general (r) Adolfo León Hernández Martínez, ya son ocho los generales retirados del Ejército Nacional que han aceptado su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su comparecencia hará parte de las audiencias públicas en las que 25 militares ratificarán, frente a las víctimas, la justicia y el país, los reconocimientos que previamente presentaron por escrito.
Las audiencias públicas en Barranquilla y Valledupar
La primera jornada se realizará en Barranquilla los días 30 de junio y 1.° de julio. Allí comparecerán diez personas, incluidos dos generales retirados, para reconocer su responsabilidad por crímenes cometidos por integrantes de tres unidades tácticas de la Décima Brigada Blindada. La segunda audiencia tendrá lugar en Valledupar los días 28, 29 y 30 de julio, cuando los 25 comparecientes se referirán al patrón criminal documentado por la JEP, según el cual 604 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate en los siete departamentos de la Costa Caribe entre 2002 y 2008.
Solo siete de los 25 comparecientes habían sido condenados previamente por estos hechos en la justicia ordinaria.
El reconocimiento del general (r) Hernández
Hernández Martínez fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Durante ese periodo, la unidad reportó 22 operaciones militares con un saldo de 37 bajas en combate. Sin embargo, la Sala de Reconocimiento estableció que 24 de esas muertes, cerca del 65 %, correspondieron a asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate y que, por 18 de ellas, el entonces comandante recibió felicitaciones y valoraciones positivas de sus superiores.
La JEP le atribuyó responsabilidad como coautor mediato por asesinatos y desapariciones forzadas. Según la investigación, el oficial conoció reiteradas denuncias sobre irregularidades en las bajas reportadas por el batallón y, pese a ello, contribuyó a su encubrimiento. Además, concluyó que aprovechó las falencias de los mecanismos disciplinarios, la ausencia de controles efectivos y la falta de investigaciones genuinas para permitir que la estructura criminal continuara operando.
El caso también puso en evidencia que Hernández Martínez nunca fue investigado ni tuvo decisiones en su contra por estos hechos en la justicia ordinaria. Paradójicamente, durante su paso por el Batallón La Popa fue ampliamente reconocido por sus resultados operacionales. En abril de 2008 fue distinguido por la Primera División del Ejército como la “figura del trimestre”. Ahora, el oficial retirado anunció que está dispuesto a entregar las medallas que recibió por esos resultados.
Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad por los crímenes atroces cometidos durante el grado de teniente coronel en el Batallón ‘La Popa’. Con vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve, los resultados que validé y los controles insuficientes que permití, contribuyó esencialmente a que esta práctica criminal continuara.
Un patrón criminal en toda la Costa Caribe
La JEP documentó que integrantes de unidades militares de la Costa Caribe cometieron de manera sistemática asesinatos y desapariciones forzadas para presentarlos falsamente como bajas en combate, con el propósito de mostrar resultados operacionales exitosos y aumentar la percepción de seguridad. Según la investigación, los responsables actuaron mediante un sistema basado en presiones, incentivos y mecanismos de encubrimiento, y recurrieron a estrategias de hostigamiento, entrampamiento y engaño para captar y retener a las víctimas antes de asesinarlas.
Entre las víctimas identificadas hay 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres, una de ellas embarazada.
Con lo documentado por la JEP en esta región, el universo de víctimas asciende, aproximadamente, a 750 personas, lo que evidencia la dimensión de estos crímenes y la importancia de realizar estas dos jornadas de audiencia: la primera en Barranquilla y la segunda en Valledupar. Esta diligencia ha estado precedida por espacios de escucha, preparación y diálogo en los que las víctimas han ocupado un lugar central, no solo como destinatarias de justicia, sino como voces indispensables para comprender la profundidad del daño causado.