Dos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejaron constancia de su desacuerdo con la decisión mayoritaria de inhibirse de abrir una investigación contra el senador conservador Carlos Andrés Trujillo por su presunto papel en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), particularmente por los sobrecostos en el contrato de los carrotanques para abastecer de agua a las rancherías de La Guajira.
Los reparos de dos magistrados: 'debilidad probatoria'
Los magistrados Misael Rodríguez y César Reyes salvaron el voto y sostuvieron que la decisión de cerrar el expediente carecía de un respaldo probatorio y argumentativo suficiente.
Para los magistrados disidentes, la investigación previa no agotó las pruebas necesarias para descartar una eventual responsabilidad penal del congresista. En su criterio, la actividad probatoria se concentró exclusivamente en testimonios y dejó por fuera elementos documentales que podían resultar relevantes.
Las pruebas que hicieron falta según los disidentes
- Verificación de los registros de ingreso a la UNGRD.
- Documentación relacionada con los adhesivos utilizados en los carrotanques.
- Inspecciones a los procesos que cursan en la Fiscalía.
- Verificación de los cargos y lazos políticos de personas mencionadas en la denuncia.
También cuestionaron que la Sala hubiera dado por acreditadas algunas afirmaciones del testigo Andrés Camilo González Giraldo sin contrastarlas documentalmente. Según el salvamento, antes de concluir que sus visitas a la UNGRD obedecían a un proyecto vial y que no tenía un vínculo político o laboral con Olmedo López, era necesario corroborar esa información con pruebas adicionales.
Información periodística sin profundizar
Los magistrados agregaron que tampoco se profundizó en información periodística incorporada al expediente sobre presuntas reuniones y relaciones políticas de personas cercanas a Trujillo con exfuncionarios de la UNGRD. Entre ellas mencionaron referencias a Carlos Mario Martínez Hincapié, al alcalde de Itagüí, Diego Torres, y a Mateo Alejandro López Ochoa, sobrino de Olmedo López, respecto de quienes, señalaron, no se adelantaron averiguaciones pese a que salieron salpicados.
El argumento de la matriz de colaboración de Olmedo López
Otro de los reparos fue contra el argumento de que Olmedo López no mencionó a Trujillo en su matriz de colaboración con la Fiscalía, lo que, según la Sala, permitía concluir que el senador no tenía relación con los hechos investigados.
Para los magistrados disidentes, esa conclusión constituye una 'generalización apresurada'. Explicaron que la ausencia del nombre de Trujillo en ese documento no demuestra, por sí sola, que no exista un vínculo con los hechos denunciados, más aún cuando la Corte no verificó si López tenía otras investigaciones o colaboraciones distintas a las incluidas en esa matriz.
El testimonio de Carlos Carrillo y la necesidad de más pruebas
Finalmente, discreparon de la valoración dada al testimonio de Carlos Carrillo, quien afirmó que, de haber tenido pruebas documentales contra Trujillo, las habría entregado a la justicia. Según el salvamento, esa afirmación no significa que tales pruebas no existan ni releva a la Corte de recaudarlas antes de cerrar el caso.
Con esos argumentos, los magistrados concluyeron que no existían bases suficientes para inhibirse de investigar al senador y que la Sala debía continuar la indagación.