A pocos metros del Batallón Rifles 31, en el noroeste colombiano, decenas de mineros del Ejército Gaitanista de Colombia extraen oro ilegalmente dentro y alrededor de una base militar. Esta operación ilegal, que utiliza maquinaria ruidosa y técnicas tóxicas con mercurio, contamina la región y financia actividades criminales del cartel.
Imágenes satelitales y de drones muestran que la minería se extiende hasta 137 metros dentro del perímetro militar. Pese a la negativa inicial del comandante de la unidad, la presencia de mineros fue confirmada y se ordenó su retiro tras una confrontación violenta con machetes y gasolina.
El Ejército Gaitanista de Colombia cobra a cada grupo de mineros alrededor de 400 dólares mensuales para operar en la zona, con más de mil equipos laborando en condiciones tóxicas y contaminando ríos y bosques. Esta actividad ilegal financia asesinatos y atentados para mantener el control territorial.
“Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, podemos dispararles por estar aquí”, advirtió el coronel Daniel Echeverry a los mineros.
El Ministerio de Defensa de Colombia ha ordenado una investigación inmediata para esclarecer los hechos y tomar medidas contundentes, advirtiendo que no hay espacio para la complacencia ante posibles vínculos o irregularidades.
A pesar de las sanciones financieras del Departamento del Tesoro estadounidense contra los líderes del Ejército Gaitanista de Colombia, el oro ilegal fluye hacia el mercado internacional mediante un sistema fraudulento de documentación que legaliza el metal en compraventas locales, sin una verificación real de su origen.
- Los comerciantes registran el oro bajo mineros con licencias que no cumplen con las condiciones legales.
- El oro se mezcla con material legítimo y se funde en refinerías, como Dillon Gage en Texas.
- Una vez fundido, el oro se considera de origen estadounidense y es vendido como tal, incluso a la Casa de la Moneda de EE.UU.
- La Casa de la Moneda no ha verificado adecuadamente el origen del oro durante décadas, pese a una prohibición vigente desde 1985.
Tras la publicación de esta investigación, Dillon Gage anunció la suspensión de compras al exportador colombiano y el secretario del Tesoro estadounidense inició una revisión de las prácticas de adquisición del metal.
La minería ilegal de oro financia conflictos armados y grupos terroristas en varias regiones del mundo, y en Colombia ha superado al narcotráfico como fuente de recursos para grupos armados ilegales, evidenciando un desafío de seguridad nacional sin precedentes.
“Encontrar el oro del cartel resultó sorprendentemente fácil. ¿Quizá los demás ni siquiera lo estaban buscando?” reflexionó el fotoperiodista Federico Ríos tras documentar la operación en La Mandinga.