El informe 'El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025', elaborado por Cristosal, la principal organización de derechos humanos del país, documenta que el gobierno de Nayib Bukele mantiene en prisión al menos a 86 presos políticos. En total, se estima que al menos 245 personas han sido perseguidas por motivos políticos durante los seis años de su mandato.
Esta situación representa una regresión histórica que contradice los avances alcanzados tras los Acuerdos de Paz de 1992. El informe atribuye esta violación a la erosión del Estado de derecho y a la concentración del poder en el Ejecutivo, que ha desmantelado la independencia judicial y neutralizado la separación de poderes.
Entre los perseguidos se encuentran sindicalistas, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y expertos críticos del régimen. Cristosal utiliza criterios internacionales para definir la persecución política, incluyendo la existencia de procesos judiciales infundados acompañados de campañas públicas para intimidar y desacreditar a opositores.
Desde que Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, ha consolidado su poder con acciones como la destitución del fiscal general y magistrados críticos, así como la instauración en 2022 de un régimen de excepción, inicialmente justificado para combatir pandillas, pero que también ha servido para perseguir a voces disidentes.
El informe destaca que 180 personas enfrentan procesos judiciales bajo este régimen y que en 2025 se intensificó la persecución política, lo que provocó que al menos 50 activistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos dejaran de operar o huyeran por temor a represalias.
Además, Cristosal señala que la persecución no se limita al ámbito penal, sino que incluye un discurso oficial que califica a opositores como 'enemigos inaceptables', afectando a sindicalistas, periodistas, activistas y políticos críticos.
Casos emblemáticos incluyen al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, condenado a 18 años de prisión, y a Alejandro Muyshondt, exasesor de Seguridad Nacional, quien murió en prisión con señales de tortura. También figura Ruth López, reconocida defensora de derechos humanos detenida bajo acusaciones de corrupción, cuyo proceso está bajo reserva.
“Los casos documentados evidencian una estrategia sostenida de represión política que combina mecanismos penales, civiles, administrativos y extrajudiciales para silenciar la disidencia, castigar la crítica y neutralizar el pluralismo en El Salvador.”
Este informe subraya el impacto profundo que tiene esta estrategia represiva en la sociedad salvadoreña, que ha visto cómo el espacio para la crítica y la oposición se reduce drásticamente, mientras que la concentración del poder en manos del Ejecutivo se consolida sin contrapesos efectivos.