Una magistrada del Juzgado de Primera Instancia 4 de Nules, Castellón, fue sancionada con una multa de 2.000 euros tras confirmarse por el Tribunal Supremo su conducta inapropiada entre octubre de 2020 y noviembre de 2022. Las humillaciones incluyeron apodos despectivos como “frígida”, “trol” o “ama de casa aburrida”, además de comentarios sexuales y frases humillantes dirigidas al personal del juzgado.
El Supremo rechazó los argumentos de la jueza, quien alegaba que sus expresiones se daban en un contexto distendido y no formal. La Sala de lo Contencioso afirmó que el uso de tales términos no está protegido por la libertad de expresión, especialmente cuando se valoran todos los testimonios y el contexto laboral.
Impacto en la comunidad judicial y denuncias formales
Los funcionarios denunciaron una situación de conflictividad laboral insoportable y una actitud reiterada de falta de respeto. Se reportaron insultos públicos, humillaciones a la letrada de la Administración de Justicia y amenazas a un fiscal local, que incluso solicitó traslado por acoso. Además, la jueza solía llegar con retrasos de hasta cuatro horas a sus citas.
El juez decano de Nules y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana intervinieron tras recibir las quejas, elevando el caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que determinó la falta disciplinaria grave de desconsideración según el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Ese supuesto tono distendido y no formal no justificaría el uso por parte de la magistrada de ciertos términos o expresiones, de subir la voz o de hacer críticas que menosprecian a quien las recibe.” – Tribunal Supremo
La jueza, recientemente nombrada titular del Juzgado de lo Penal 9 de Santa Cruz de Tenerife, con competencia en violencia sobre la mujer, no logró revocar la multa en el Supremo, que enfatizó la gravedad de su conducta y la falta de justificación para sus expresiones ofensivas.