La muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses víctima de violencia sexual en El Espinal, Tolima, ha reabierto el debate sobre la crisis de abuso infantil en Colombia. Según cifras de Medicina Legal, en el primer trimestre de 2026 se practicaron 3.456 exámenes médico-legales por presunto delito sexual contra niños y niñas, lo que representa el 75% del total de pruebas forenses por este delito (4.572).
Las cifras detrás del drama
- 449 exámenes correspondieron a bebés y menores de 5 años, como Mía Cataleya.
- 960 exámenes se practicaron a niños entre 6 y 11 años.
- 2.047 exámenes fueron a adolescentes entre 14 y 17 años.
- En promedio, 3,5 niños y niñas de 0 a 4 años son víctimas cada día.
La violencia sexual es también el principal motivo de intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Con corte a marzo de 2026, de los 11.617 ingresos por protección, 3.773 correspondieron a agresiones sexuales. Del total, el 86% (3.251) fueron niñas y el 14% (522) niños. Bogotá concentra la mayor cantidad de casos (797), seguida de Valle del Cauca (401), Antioquia (228), Cundinamarca (179) y Atlántico (173).
Casos recientes que estremecen al país
El 23 de mayo, la Fiscalía capturó en Bogotá a José David Castro Giraldo, médico de la EPS Sanitas, señalado de abusar sexualmente de dos niñas de 7 y 10 años durante consultas en la sede Tunal. Días antes, el Ministerio de las TIC aceptó la renuncia de Pedro Fabián Acosta Viscaya, asesor llamado a juicio por abuso sexual contra sus dos hijastras entre 2018 y 2021.
La justicia no actúa con la rapidez necesaria. Más que nuevas leyes, lo que necesita el país es decisión, inversión y un cambio de mentalidad. Todos tenemos una responsabilidad compartida en la garantía de los derechos de los niños y las niñas.
Falta de articulación y de investigadores especializados
Para Luisa Fernanda Caldas Botero, abogada especialista en ciencias penales, la coordinación entre entidades del Estado es deficiente. "Las acciones institucionales parecen orientadas a evitar responsabilidades administrativas, no a garantizar una verdadera protección de los menores", afirmó. Por su parte, Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), advirtió que desde 2016 hay un déficit grave de investigadores judiciales especializados en delitos sexuales contra menores, lo que retrasa la recolección de pruebas y la judicialización de los responsables.
No basta con aumentar las penas. Lo urgente es fortalecer la fase de investigación con unidades técnicas periciales dedicadas a la primera infancia, con suficiente personal capacitado para asegurar las pruebas con rapidez.