El origen de los señalamientos
En 2024, durante los diálogos de paz con el Eln, la periodista Diana Saray Giraldo replicó en su programa radial denuncias de periodistas y líderes de Arauca sobre una posible infiltración del Eln en movimientos sociales. Dos días después, el líder social Josué Castellanos fue asesinado por disidencias de las Farc. Aunque Giraldo nunca mencionó a Castellanos ni lo vinculó con el Eln, se creó una narrativa que la señalaba como responsable de su muerte.
Una campaña orquestada desde el poder
La periodista asegura que los señalamientos fueron amplificados por funcionarios del Gobierno, entre ellos Moisés Ninco Daza (exembajador en México), Alfredo Saade (embajador en Brasil), Gareth Sella (exviceministro de Juventudes), María Niny Echeverry (Superintendente delegada) y el representante a la Cámara Hernán Muriel. Según Giraldo, todos repitieron los mismos mensajes, imágenes y frases, lo que evidencia una estrategia coordinada.
“No tengo ninguna duda de que se trata de una estrategia impulsada desde el propio Gobierno para silenciar a periodistas incómodos. Y no soy la única periodista que ha sido atacada. Pero sí soy la única a la que están acusando de haber asesinado a alguien”.
Amenazas y falta de respuesta judicial
Giraldo denunció haber recibido cientos de mensajes amenazantes en redes sociales, incluyendo fotos del líder asesinado y un micrófono ensangrentado. Aunque interpuso una denuncia penal, la Fiscalía le informó que el plazo para tipificar hostigamiento digital había vencido y que las amenazas no eran directas. También acudió a la Procuraduría, que abrió una investigación pero no avanzó tras el cambio de procurador.
Acciones judiciales contra funcionarios
- Inició acciones penales contra siete funcionarios del Gobierno ante la Fiscalía.
- Solo María Niny Echeverry se retractó públicamente; el resto no ha respondido.
- La FLIP y la AMI han respaldado a la periodista, calificando el caso como un perfilamiento y un riesgo para la libertad de prensa.
El costo de denunciar
Giraldo afirma que ha tenido que asumir todos los costos legales de su bolsillo. Aunque le gustaría llevar el caso al sistema interamericano, no cuenta con los recursos para hacerlo. Mientras tanto, su credibilidad como periodista se ha visto afectada, especialmente entre las audiencias jóvenes que consumen información en redes sociales.