El origen del señalamiento: una denuncia sobre infiltración del Eln
La periodista Diana Saray Giraldo explicó que en 2024, durante los diálogos de paz con el Eln, periodistas y líderes políticos de Arauca le advirtieron sobre la infiltración de esa guerrilla en movimientos sociales. Ella replicó en radio que el Movimiento Social de Masas era percibido como el brazo político del Eln, lo que generó una reacción en su contra tras el asesinato de Josué Castellanos, un líder social de la región.
Giraldo aseguró que nunca mencionó a Castellanos ni lo vinculó con el Eln, pero que una narrativa impulsada por un líder del Pacto Histórico en Arauca la señaló como responsable de su muerte. Esa versión fue replicada por seguidores del Gobierno y aún circula en redes sociales.
Funcionarios del Gobierno señalados por hostigamiento digital
La periodista identificó a varios funcionarios y exfuncionarios que, según ella, participaron en el hostigamiento: Moisés Ninco Daza (exembajador en México), Alfredo Saade (exjefe de gabinete y actual embajador en Brasil), María Niny Echeverry (delegada de la Superintendencia de Industria y Comercio), Hernán Muriel (representante a la Cámara por Antioquia), Gareth Sella (exviceministro de Juventudes), y otros contratistas del Gobierno.
Todo esto responde a una estrategia coordinada desde el Gobierno, de la mano de influenciadores digitales y personas con enorme impacto, para silenciar a periodistas incómodos. No soy la única periodista atacada, pero sí la única a la que acusan de haber asesinado a alguien.
Amenazas y falta de respuesta judicial
Giraldo denunció haber recibido múltiples amenazas de muerte a través de redes sociales, incluyendo mensajes que decían “ojalá maten a esta periodista”. Sin embargo, la Fiscalía le informó que el plazo para denunciar el hostigamiento digital ya había vencido y que las amenazas no eran directas, por lo que no podían actuar.
La periodista inició acciones judiciales contra los funcionarios mencionados, pero asegura que solo María Niny Echeverry se retractó públicamente. El resto no ha atendido las actuaciones judiciales. También acudió a la Procuraduría, que abrió una investigación, pero hasta ahora no ha habido resultados.
Respaldos institucionales y falta de recursos para llegar a instancias internacionales
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) han expresado su preocupación por el caso y lo han calificado como un perfilamiento y hostigamiento que pone en riesgo la libertad de prensa. Giraldo manifestó su deseo de llevar el caso al sistema interamericano, pero reconoció que no cuenta con los recursos económicos para hacerlo.