Una madrugada marcada por la explosión en el hospital
En la madrugada del sábado 11 de octubre, un artefacto explosivo detonó cerca del área de urgencias del hospital Niña María, administrado por la ESE Norte 2, en Caloto, norte del Cauca. El estallido rompió ventanales y dañó la infraestructura mientras pacientes y personal médico se encontraban en el centro asistencial.
Trabajadores del hospital relataron el pánico que generó la explosión. "Los vidrios se rompieron y las paredes vibraron. Tuvimos que proteger a los pacientes como pudimos", afirmó un miembro del equipo de salud. Aunque no se reportaron víctimas mortales ni heridos graves, varias personas quedaron aturdidas y los daños materiales fueron considerables.
El hostigamiento armado en el Cauca continúa
El secretario de Gobierno de Caloto, Cristian Cuenca, confirmó que se trató de un artefacto artesanal conocido como tatuco. Este ataque se suma a la ola de violencia y hostigamientos armados que afectan la región desde hace varios años, con presencia de disidencias de las Farc y otros grupos ilegales.
El Cauca ha vivido un aumento significativo de enfrentamientos que ponen en riesgo a las comunidades civiles, líderes sociales e instituciones públicas, generando un ambiente de inseguridad permanente.
Rechazo unánime por la violación al derecho humanitario
Organizaciones defensoras de derechos humanos en el Cauca condenaron el atentado, recordando que atacar un hospital vulnera el Derecho Internacional Humanitario. Voceros del Comité de Derechos Humanos del norte del Cauca destacaron que los centros de salud deben ser espacios protegidos y permanecer al margen de los conflictos armados.
La ESE Norte 2 rechazó categóricamente el ataque y exigió garantías de seguridad para el personal médico y los usuarios. En un comunicado oficial, la entidad afirmó que su misión es salvar vidas y no exponerlas a riesgos por actos violentos.
¿Cómo garantizar la seguridad en zonas afectadas por el conflicto?
Este nuevo ataque al hospital Niña María plantea la urgente necesidad de reforzar las garantías para centros de salud y personal médico en regiones afectadas por la violencia. La protección efectiva de estas infraestructuras es clave para preservar la atención médica y la vida de la población civil.