La acusación contra el excanciller Álvaro Leyva se centra en su actuación durante la licitación para el contrato de pasaportes en septiembre de 2023. Según el escrito de la Fiscalía, Leyva tomó decisiones contrarias a la ley al declarar desierta la licitación a pesar de que Thomas Greg & Sons, único oferente, cumplía con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.
Decisiones cuestionadas y fundamentos de la Fiscalía
- Resolución 7485: Declaró desierta la licitación sin causal válida, contrariando principios de selección objetiva, economía y transparencia.
- Resolución 7540: Mantuvo la decisión tras resolver el recurso de reposición, cambiando la argumentación y limitando el derecho de defensa del recurrente.
- Declaratoria de urgencia manifiesta: Se utilizó esta figura para justificar contratación directa con Casa de la Moneda de Portugal sin condiciones reales de imprevisibilidad.
La Fiscalía sostiene que Leyva conocía el desarrollo del proceso y tuvo oportunidades para corregir posibles fallas en la licitación, pero optó por mantener una postura subjetiva y arbitraria cuando el proceso ya estaba consumado y la adjudicación era procedente.
Impacto y consecuencias legales
El ente acusador señala que estas decisiones afectaron derechos ciudadanos, como la libre locomoción, al poner en riesgo la continuidad de la expedición de pasaportes. Además, se resalta que Leyva fue sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 10 años, sanción confirmada en segunda instancia.
“Leyva contaba con suficientes elementos de juicio que le permitían conocer las circunstancias en que profirió tal acto administrativo (…) conocía el trámite que se había adelantado en el proceso licitatorio.”
La Fiscalía también destacó la condición de Leyva como ministro y su amplia trayectoria pública, lo que eleva la gravedad del delito de prevaricato por acción que se le imputa. El caso pasó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde continuará el proceso judicial.