La Fiscalía desafía la negativa del ministerio a sancionar el robo de agua
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por no exigir a 250 agricultores que reparen el daño ambiental provocado al Parque Nacional de Doñana. Estas extracciones ilegales de agua del acuífero afectan gravemente al ecosistema protegido.
Investigación revela a los responsables y la negativa del ministerio
Una investigación del Seprona identificó a 250 agricultores implicados en extracciones irregulares de agua en 2022 y 2023, principalmente en Huelva, Sevilla y Cádiz. Pese a una recomendación de la Fiscalía en 2023 para que Transición Ecológica exigiera responsabilidades, en octubre el ministerio rechazó abrir el proceso, argumentando que la competencia corresponde a la Junta de Andalucía.
La Secretaría de Estado consideró que no era el órgano competente porque los daños involucran ecosistemas interconectados y la gestión corresponde a la Junta de Andalucía.
La Fiscalía pide al tribunal que obligue al ministerio a actuar
El fiscal Manuel Campoy ha impugnado la resolución ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, solicitando que se ordene al ministerio tramitar el procedimiento para determinar responsabilidades ambientales y adoptar medidas de prevención, reparación y evitación de nuevos daños.
Además, propone que la Junta de Andalucía sea informada, dado que el ministerio la señala como la autoridad competente para la gestión y protección de Doñana.
¿Cómo afectará esta disputa al futuro de la protección de Doñana?
El proceso judicial abre un escenario de incertidumbre sobre la coordinación entre ministerios y administraciones autonómicas para proteger Doñana. La resolución que tome la Sala de lo Contencioso será clave para definir responsabilidades y garantizar la conservación del parque frente a actividades ilegales.