La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció en rueda de prensa avances significativos en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025. Tras nueve meses de trabajo, se confirmó que la orden fue impartida por la disidencia armada Segunda Marquetalia, liderada por alias 'Iván Márquez'.
Un operativo sin precedentes contra cabecillas de la Segunda Marquetalia
La Fiscalía emitió órdenes de captura contra los principales líderes del grupo armado, incluyendo a alias 'Iván Márquez', 'Jhon 40', 'Zarco Aldinever', 'Rusbel Orumba', 'Enrique Marulanda', 'Gonzalo' y 'Yako'. Varios capturados han aceptado negociar preacuerdos para reducir sus penas, confirmando la autoría y estructura detrás del atentado.
- El magnicidio fue ordenado por la Segunda Marquetalia para desestabilizar la democracia colombiana.
- El asesinato tuvo motivaciones político-instrumentales, relacionadas con la actividad política de Uribe Turbay como senador y precandidato presidencial.
- La estructura criminal actuó de manera consensuada y coordinada para ejecutar el atentado.
- No hay evidencia que vincule a la llamada Junta del Narcotráfico con el crimen.
- El cabecilla disidente 'Zarco Aldinever' está vivo y es buscado por las autoridades; no se confirma su muerte como se había rumorado.
La fiscal Camargo destacó que la investigación encontró coincidencias entre testimonios, evidencias documentales y seguimientos realizados al senador, reforzando la conclusión de que la Segunda Marquetalia buscaba generar un impacto político con el magnicidio.
Contrario a versiones previas, la Fiscalía desmintió que 'Zarco Aldinever' haya sido asesinado por el ELN en Venezuela, y reiteró que se está ordenando su captura, señalando que los rumores sobre su muerte carecen de evidencia.
“No tenemos ninguna evidencia corroborativa de que 'Zarco Aldinever' haya sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional. Ese es un rumor. Tan así, que se está ordenando su captura.” – Luz Adriana Camargo, Fiscal General
Este caso marca un precedente en la lucha contra grupos armados ilegales en Colombia y pone en evidencia la intención de estas estructuras de afectar los procesos democráticos mediante actos violentos.