Diez personas privadas de la libertad escaparon de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Cordialidad, en Barranquilla, el pasado miércoles. El hecho, que ya deja cinco recapturados, reavivó el debate sobre la crisis carcelaria que azota a la ciudad y al país.
Un escape que evidencia el colapso del sistema
Los detenidos aprovecharon las precarias condiciones de seguridad del centro transitorio, ubicado sobre la calle 56 con carrera 11, contiguo a la Unidad de Conducción Judicial (UCJ). Según el informe preliminar, violentaron una reja y escalaron un muro para huir, sin que los pocos custodios presentes pudieran impedirlo.
- El hacinamiento en La Cordialidad supera el 360 %, muy por encima de la capacidad instalada.
- La URI alberga a más de 1.200 detenidos, pese a estar diseñada para unos 260.
- El déficit de personal de custodia es crítico: hay menos de 30 uniformados para vigilar a toda la población reclusa.
Esto no es un caso aislado. Es la consecuencia de un sistema que lleva años en crisis y que no ha recibido las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y la dignidad de los internos.
La respuesta de las autoridades
Tras la fuga, la Policía Metropolitana de Barranquilla activó un plan candado que permitió la recaptura de cinco de los evadidos en las primeras 24 horas. Sin embargo, los otros cinco continúan prófugos, lo que mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades locales.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, calificó el hecho como 'inaceptable' y exigió al Gobierno Nacional una solución estructural. 'No podemos seguir improvisando. Necesitamos nuevas cárceles y más inversión en infraestructura penitenciaria', afirmó.
El impacto en la comunidad
La fuga ha generado zozobra entre los residentes del sector, quienes temen que los prófugos puedan cometer nuevos delitos. 'Uno ya no vive tranquilo. Saber que hay gente peligrosa en la calle es preocupante', expresó un vecino de la zona.
Este episodio se suma a una serie de motines y evasiones en centros de detención del país, lo que evidencia la urgencia de una reforma integral al sistema penitenciario colombiano.