En un movimiento sin precedentes, la Fiscalía General de la Nación levantó las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales en Medellín, entre ellos varios herederos de ‘don Berna’, como parte de una estrategia del Gobierno nacional para avanzar en la llamada 'paz total'. Esta decisión, adoptada en plena época electoral, ha encendido alarmas en las autoridades regionales y en la opinión pública.
La 'gabela' de la 'paz total' y sus protagonistas
Los beneficiados con la suspensión de órdenes de captura son jefes de organizaciones criminales y sicariales como la 'Oficina de Envigado', 'El Mesa' y 'La Terraza', consideradas las más temidas en Antioquia desde la era de Pablo Escobar. Según el Gobierno, esta medida busca permitir que estos individuos participen en mesas de diálogo para desescalar el conflicto armado en la región, bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
- 23 cabecillas con órdenes suspendidas, incluyendo a Douglas y 'Carlos Pesebre'.
- Nueve de ellos participaron en el polémico 'tarimazo' junto al presidente Gustavo Petro.
- Otros siete ya están en libertad por decisiones judiciales previas.
La fiscal Luz Adriana Camargo explicó que la suspensión de las órdenes se basa en la Ley 2272 de 2022 y una sentencia de la Corte Constitucional, y que se da debido al cumplimiento de compromisos para la desescalada del conflicto.
Rechazo contundente de autoridades regionales
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazaron la decisión de manera tajante, advirtiendo que podría tener motivaciones electorales y que pone en riesgo la seguridad y la democracia en la región. Ambos líderes señalaron que estas bandas cuentan con al menos 1.200 hombres armados en Medellín y su área metropolitana.
“No existe la mal llamada ‘paz total’, lo que existe es una entrega total de Colombia a los peores criminales. Lo que pretende Petro con esto es que puedan salir de la cárcel, con la falsa excusa de la ‘paz’ para hacer campaña en los barrios.” – Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
El gobernador Rendón enfatizó que la medida es una afrenta contra las víctimas de violencia y que estas organizaciones criminales podrían coartar la libertad electoral en mayo.
Argumentos y críticas sobre la estrategia de paz
Desde la oficina del alto comisionado para la paz, se defiende que la suspensión de órdenes busca generar condiciones para que los voceros de las bandas continúen promoviendo hechos de paz y reducción de violencia. El Gobierno afirma que los homicidios en el Valle de Aburrá han disminuido desde la puesta en marcha de la mesa sociojurídica.
No obstante, autoridades locales atribuyen la reducción de homicidios a la acción contundente de las fuerzas de seguridad y la justicia, y alertan que estas mafias siguen operando y generando millonarias rentas por extorsión desde las cárceles.
“La ‘paz total’ sigue adoleciendo de una debida verificación de los compromisos de las mesas, y lo peor es que esto se auspicia en época electoral, lo que podría interferir con el libre voto de las personas.” – Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia.
La senadora Isabel Cristina Zuleta, delegada del Gobierno en las negociaciones, defendió la decisión y afirmó que la fase actual es de irreversibilidad para dar continuidad a los acuerdos con los 23 beneficiados, excluyendo delitos en flagrancia o de lesa humanidad.
Preocupación por interferencia en procesos electorales
Exprocurador Jaime Bernal Cuéllar y gremios empresariales como Proantioquia denunciaron que la medida podría favorecer la influencia de estas bandas en las elecciones, controlando territorios y coartando la libertad ciudadana. Las autoridades locales y la Policía permanecen en alerta para evitar presiones indebidas sobre los electores.
Este nuevo episodio profundiza la tensión entre el Gobierno nacional y las regiones, cuestionando la efectividad y legitimidad de la estrategia de ‘paz total’ en Antioquia, una región históricamente golpeada por la violencia y el crimen organizado.