La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, ha denunciado públicamente que ella y su familia están recibiendo graves amenazas, situación que atribuye directamente a las decisiones adoptadas en el marco de su administración para desmontar presuntos focos de corrupción en oficinas y hospitales del departamento.
Una lucha que genera riesgo
Según Guerra, las intimidaciones no son casualidad, sino una reacción a su gestión transparente y firme contra prácticas corruptas que habrían estado enquistadas en diversas dependencias oficiales. La mandataria asegura que su compromiso con la legalidad y el buen uso de los recursos públicos la ha convertido en blanco de ataques.
Estas amenazas no me van a callar. Seguiré trabajando por el Magdalena y por erradicar la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro departamento.
Reacciones y respaldo
La denuncia ha generado una ola de solidaridad por parte de sectores políticos y sociales de la región, que han rechazado los hechos y han exigido a las autoridades competentes garantías para la vida e integridad de la gobernadora y su núcleo familiar.
Asimismo, se ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar las medidas de seguridad para la funcionaria, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables de estas intimidaciones.
Un debate político profundo
Este episodio ha abierto una discusión política más amplia sobre el clima de tensión que se vive en el Magdalena, donde la lucha contra la corrupción parece chocar con intereses poderosos que no dudarían en recurrir a la violencia para frenar los procesos de depuración administrativa.