La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, visitó Cali y afirmó que el tren de cercanías del Valle será una realidad, reconociendo la lucha de más de una década de la región para concretar este proyecto. Sin embargo, gremios y congresistas expresan preocupación por la demora en la firma del convenio que asegure los recursos y permita avanzar.
La urgencia de firmar el convenio antes del 8 de noviembre
Con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el próximo 8 de noviembre, existe el riesgo de que el proyecto quede paralizado por dos o tres años si el Gobierno Nacional no firma antes el aval técnico y fiscal. Esta situación afectaría a los municipios de Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo, retrasando la iniciativa de movilidad más ambiciosa del suroccidente colombiano.
Impacto social y ambiental del tren de cercanías
Los gremios destacan que el tren reducirá los tiempos de viaje en un 33 %, evitará cerca de 2.900 accidentes anuales y disminuirá en 1,2 millones de toneladas las emisiones de CO2 cada año. Se estima que atenderá a 150.000 pasajeros diarios y generará más de 14.000 empleos directos e indirectos, impulsando la movilidad sostenible y el desarrollo regional.
Un llamado a la unidad más allá de las diferencias políticas
En una reunión en la Cámara de Comercio de Cali, gremios y congresistas coincidieron en solicitar al presidente Gustavo Petro que apoye el proyecto y se trabaje de manera conjunta, superando diferencias políticas que han generado incertidumbre. La carta firmada por más de 40 líderes empresariales enfatiza que el tren es una causa compartida que debe trascender partidos y gobiernos.
"¡Que no se nos vaya el tren! Que sea una decisión que trascienda partidos y gobiernos", expresan los gremios en la misiva dirigida al Gobierno Nacional.
¿Cómo avanzará el proyecto tras la Ley de Garantías?
Si no se firma el convenio antes del 8 de noviembre, los trámites podrían retrasarse hasta mediados de 2026, lo que prolongaría la espera para los vallecaucanos. La Nación ha comprometido el 70 % de la financiación, cerca de 12 billones de pesos, mientras que el restante 30 % corresponde a los municipios involucrados. La gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder han solicitado nuevamente a Planeación Nacional y a los ministerios de Transporte y Hacienda acelerar la aprobación.