El impacto en la comunidad se intensifica con los bloqueos que cumplen cinco días en Santander, Boyacá y Norte de Santander, producto del paro campesino contra el incremento del avalúo catastral. El presidente Gustavo Petro elevó la tensión al advertir que destituirá a los alcaldes que no presenten iniciativas para levantar las protestas.
“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. La paz es un derecho y punto”, afirmó el presidente Petro en sus redes sociales.
La Federación Colombiana de Municipios respondió que los mandatarios locales actúan conforme a la Ley 2294 de 2023, que establece la actualización catastral en 520 municipios, y no por intereses propios. Sin embargo, el presidente insiste en que los alcaldes deben actuar para bajar la tasa predial y levantar los bloqueos.
Expertos legales cuestionan facultades presidenciales
Especialistas consultados por EL TIEMPO coinciden en que el presidente no tiene autoridad jurídica para destituir alcaldes directamente. Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador general, explicó que solo la Procuraduría, la Fiscalía o la justicia pueden iniciar procesos contra funcionarios públicos.
“El presidente incurre en un grave error al pretender destituir alcaldes. Esta atribución corresponde únicamente a la Procuraduría o la jurisdicción penal”, advirtió el abogado Fabio Humar.
Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, recordó que la remoción de funcionarios electos está regulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, limitando la destitución a procesos judiciales penales. La amenaza presidencial contradice estos estándares y pone en riesgo derechos políticos.
Consecuencias económicas y sociales del paro
- Los bloqueos generan pérdidas económicas estimadas en 120.000 millones de pesos diarios en Santander.
- Afectan el abastecimiento, empleo, servicios esenciales y competitividad regional.
- Fenalco calcula que el paro frena entre 0,3% y 0,5% del PIB mensual de Santander.
Mientras el Gobierno presiona a las autoridades locales, el conflicto social y económico se mantiene, generando un debate sobre las atribuciones presidenciales y la responsabilidad de los alcaldes en la gestión de crisis territoriales.