La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien fue la primera alta funcionaria del Gobierno en prisión por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitó su libertad por vencimiento de términos. La audiencia, que se adelanta este jueves 7 y viernes 8 de mayo, busca determinar si han transcurrido más de 500 días desde la radicación del escrito de acusación sin que se haya iniciado el juicio, lo que configuraría una causal de libertad.
Las pruebas y las dilaciones
Durante la audiencia, la defensa de Ortiz aseguró que la Fiscalía solo ha entregado dos pruebas en todo el proceso, lo que ha impedido avanzar hacia el juicio. Por su parte, la Fiscalía sostiene que los 475 días transcurridos obedecen a maniobras dilatorias de la defensa, como dos aplazamientos de la audiencia de formulación de acusación y la presentación de un recurso de nulidad y una apelación. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se sumó a esta tesis.
Presiones políticas y acusaciones cruzadas
Ortiz, quien está recluida en la Escuela de Carabineros, es señalada de haber sido el enlace entre los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y los presidentes del Congreso que presuntamente habrían transado apoyos para las reformas sociales del Gobierno. Se le acusa de haber entregado, en dos contados, los 3.000 millones de pesos que habría recibido el senador Iván Name.
Acudí muchas veces a la Fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento... porque eso fue lo que me dijeron: ‘si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento’. Eso pasó.
La exconsejera también afirmó que recibió presiones de la Fiscalía para que entregara testimonios contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, hoy señalados como los presuntos “cerebros” del entramado. “Yo tengo la carta que le envié a la Fiscalía y la trazabilidad que remití. Desde ese momento entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”, agregó.
El impacto del caso UNGRD
El caso UNGRD ha sacudido al Gobierno Nacional, involucrando a altos funcionarios y congresistas en una red de corrupción que habría desviado millonarios recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres. La decisión sobre la libertad de Sandra Ortiz se espera en las próximas horas, mientras el país sigue de cerca el desarrollo de este proceso judicial.