Un operativo sin precedentes en el ámbito judicial de Cartagena llevó a la imputación formal de cargos contra Yeimy Paola Vargas Gómez, actriz y exreina de belleza, por presuntas irregularidades en un contrato público firmado con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) en 2025.
La audiencia de imputación, realizada el 30 de abril de 2026 de manera reservada, contó con la presencia de Vargas, quien decidió no aceptar los cargos presentados por la Fiscalía General de la Nación, abriendo así la puerta a nuevas fases del proceso penal.
Detalles del contrato y las presuntas irregularidades
El contrato investigado tuvo un valor cercano a 55 millones de pesos y una duración de nueve meses, orientado a la prestación de servicios relacionados con la protección del patrimonio cultural de Cartagena. Sin embargo, fue terminado anticipadamente en agosto de 2025 tras cuestionamientos públicos sobre los requisitos para su adjudicación.
Según la Fiscalía, Vargas presentó un título técnico laboral en actuación y teatro, supuestamente expedido por una institución de Bucaramanga, que resultó ser falso. Este documento fue determinante para que ella accediera a una mejor clasificación en la tabla de honorarios, lo que incrementó su remuneración durante la ejecución del contrato.
Impacto económico y posible detrimento patrimonial
El uso del título falso habría permitido a Vargas apropiarse indebidamente de 8’647.500 pesos, equivalentes a la diferencia en honorarios por su nivel de formación declarado. La Fiscalía sostiene que este hecho configura no solo falsedad documental, sino también un posible detrimento de recursos públicos, sustentando el cargo de peculado por apropiación.
A pesar de estas imputaciones, la defensa de Vargas optó por no aceptar los cargos, lo que implica que el proceso judicial continuará en etapas de investigación y eventual juicio, donde se evaluarán las pruebas y argumentos de ambas partes.
Un segundo contrato bajo escrutinio
En medio de la controversia, Vargas fue nuevamente vinculada por la Alcaldía de Cartagena en 2026 con un nuevo contrato por 18 millones de pesos. En esta ocasión, su hoja de vida no incluyó el documento académico cuestionado y fue contratada bajo el perfil de bachiller.
La administración distrital defendió esta contratación bajo el principio de presunción de inocencia, argumentando que, al no existir condena ni inhabilidad vigente, no había impedimento legal para que Vargas fuera vinculada nuevamente.