El Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Petro, intentó ejecutar un traslado exprés de aproximadamente 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, justo en la etapa final de las elecciones presidenciales.
Esta acción fue suspendida por el Consejo de Estado mediante una medida cautelar debido a la presunta ilegalidad y violación a la Constitución y leyes vigentes, especialmente en lo concerniente al decreto reglamentario que se consideró contrario al artículo 76 de la reforma pensional.
No se necesita haber hecho un solo día de derecho para advertir que lo establecido en el decreto reglamentario no era un desarrollo, sino una negación de lo ordenado por el artículo 76 de la reforma pensional.
A pesar de que no hay un fallo de fondo aún, el análisis jurídico señala que el Ejecutivo actuó de manera reiterada intentando imponer actuaciones contrarias a la Constitución, lo que genera dudas sobre si se trata de incompetencia jurídica o de mala fe.
El caso ha generado un debate público sobre la legalidad y transparencia de las acciones del Gobierno en materia pensional, en un contexto delicado y decisivo para la política colombiana.