La compleja decisión de la JEP sobre el desminado en Meta
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está evaluando si autoriza la continuidad de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador y Reparador (TOAR), específicamente en la labor de desminado humanitario y búsqueda de personas desaparecidas en el departamento del Meta. Esta decisión involucra la participación de los siete exjefes del antiguo secretariado de las Farc y 345 víctimas que han manifestado su disposición para colaborar en estas actividades.
El magistrado Camilo Suárez, ponente de la sentencia, explicó que el caso es uno de los más complejos, pues abarca más de 20 años de secuestros cometidos por las Farc, con 21.000 hechos y 4.325 víctimas acreditadas. La decisión de avanzar en proyectos restaurativos anticipados se toma mientras la Sección de Apelación resuelve 13 recursos contra la sentencia, que tienen efecto suspensivo por mandato legal.
Desminado: un proceso técnico y seguro con apoyo internacional
El desminado humanitario no es simplemente la remoción de minas; incluye etapas de georreferenciación, cartografía, ubicación en terreno y un componente pedagógico de prevención y formación sobre minas antipersonales. Debido al alto riesgo, solo personas capacitadas y acreditadas pueden realizar estas tareas.
Este proyecto en Meta se ha venido construyendo con la participación de las víctimas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la planeación técnica necesaria. Además, se implementarán controles estrictos, como la permanencia en un espacio geográfico definido y el monitoreo mediante dispositivos electrónicos para garantizar el cumplimiento y la seguridad.
Garantías y retos para los comparecientes en un territorio con conflicto activo
Los exjefes de las Farc que participen en estas labores deben contar con vivienda, alimentación y seguridad, responsabilidades que recaen en la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y el Gobierno nacional, que ya han destinado recursos para este fin.
El contexto en el Meta es complejo debido a la presencia de disidencias y persistencia del conflicto armado. Por ello, la JEP debe garantizar tanto la seguridad física de los comparecientes como los derechos de las víctimas, ajustando los proyectos según las condiciones de seguridad disponibles.
En materia política, la sanción impuesta no inhabilita a los excombatientes para participar, siempre que cumplan con los compromisos restaurativos establecidos.
El impacto de las apelaciones y el futuro de los proyectos restaurativos
Mientras la Sección de Apelación resuelve los recursos presentados por víctimas, entidades del Estado y las Farc, la JEP analiza si permite avanzar con las actividades restaurativas anticipadas. Estos procesos buscan ofrecer respuestas a las víctimas y sanar heridas sociales tras décadas de conflicto.
“Este modelo de justicia no es vengativo. Busca sanar, establecer responsabilidades y ofrecer respuestas a las víctimas para construir un mejor futuro”, afirmó el magistrado Camilo Suárez.
El límite máximo de sanciones es de ocho años, acumulando sentencias de diferentes macrocasos, pero sin superar ese tiempo. Nuevos proyectos restaurativos podrán surgir de futuras sentencias, manteniendo el compromiso con la verdad y la reparación.