El presidente de Chile, José Antonio Kast, comenzó su mandato con la implementación del ‘Plan Escudo Fronterizo’, una estrategia para reforzar el control en la frontera norte mediante la construcción de muros, zanjas y un despliegue militar sin precedentes, acompañado de sanciones más estrictas contra la inmigración irregular.
Desde la región de Arica y Parinacota, Kast supervisó la construcción de 30 kilómetros de zanjas de tres metros de profundidad, muros de hasta cinco metros de altura con sensores de movimiento, vigilancia por drones, cercos electrificados, torres de vigilancia y patrullajes constantes de fuerzas militares y policiales para controlar los pasos no habilitados.
“Hemos tomado decisiones claras y concretas de cerrar nuestra frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico y al crimen organizado. Lo queremos concretar sin pausa alguna, porque los ciudadanos merecen una respuesta distinta”, afirmó Kast durante su visita.
La medida provocó reacciones en países vecinos. El presidente de Perú, José María Balcázar, advirtió sobre los riesgos de construir barreras fronterizas y recordó el fracaso histórico del Muro de Berlín. En Bolivia, expresidentes criticaron la política como hostil, aunque el canciller boliviano defendió la soberanía chilena y destacó la importancia del diálogo bilateral.
Organizaciones y expertos en migración manifestaron preocupación por las consecuencias sociales y humanitarias del plan. David Arboleda, presidente de la Red de Periodistas Migrantes en Chile, señaló que estas barreras pueden afectar la circulación histórica entre comunidades fronterizas. Macarena Rodríguez, del Servicio Jesuita a Migrantes, alertó sobre el aumento de redes de tráfico y dificultades para solicitar refugio.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones muestran que cerca de un millón de venezolanos residiendo en Chile aportan positivamente a la economía, representando más del 1% de los ingresos fiscales, y que una mejor integración podría aumentar sustancialmente esta contribución.
El enfoque de Kast vincula la migración irregular con el aumento de la inseguridad, prometiendo la expulsión de hasta 330.000 personas en situación irregular. La tasa de homicidios en Chile ha aumentado en los últimos años, aunque aún es menor que el promedio regional.
Aunque Kast ha matizado que la expulsión masiva no será inmediata y que no buscarán redadas como en Estados Unidos, subrayó que quienes ingresaron ilegalmente deberán regularizar su situación o salir del país eventualmente.
El presidente chileno mantiene afinidades políticas con líderes de derecha en América Latina y Estados Unidos, siendo invitado por Donald Trump a la iniciativa “Escudo de las Américas” y realizando su primera visita oficial al mandatario argentino Javier Milei.
Además de la política migratoria, Kast ha adoptado medidas conservadoras en otros frentes, como la reversión de decretos medioambientales y el retiro de Chile de una declaración de la OEA sobre derechos LGBT, todo en medio de una economía que creció modestamente en 2025 pero con un déficit fiscal estructural significativo.
“Él seguirá una línea similar a este grupo de derechas duras de corte populista, si es que tiene efectos en la sociedad que sean funcionales para aumentar sus bases de apoyo”, afirmó el investigador político Ignacio Imas.