Un operativo que reveló el horror
Un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó el delito de maltrato animal a María Constanza García Aguirre, dueña de un hogar de protección canina en Carmen de Carupa, Cundinamarca. La procesada no aceptó el cargo.
El establecimiento, ubicado entre las veredas Vático y Eseas, recibía donaciones y aportes materiales económicos. El objetivo del lugar era la manutención de perros que estaban en situación de abandono o en riesgo inminente en la calle. Sin embargo, el sitio se convirtió en un escenario de hacinamiento.
Las condiciones que comprometieron la salud de los animales
Las autoridades de la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC) coordinaron varias visitas al inmueble. En los operativos constataron que el lugar albergó en encierro a más de 300 perros en condiciones que comprometieron su salud y su bienestar.
Durante una inspección realizada el 12 de agosto de 2022, los funcionarios encontraron a los animales sin el acceso suficiente a alimento y agua. Además, el entorno no contaba con la estructura ni con los recursos necesarios para garantizar una protección eficiente. A causa de esta situación, los caninos sufrieron afectaciones en su integridad física, lesiones, enfermedades y cuadros crónicos de desnutrición.
Los caninos rescatados ahora reciben atención médica y alimentación mientras se recuperan, según informó la Fiscalía General de la Nación.
El proceso judicial y la respuesta de la acusada
La imputación de cargos se realizó en el marco de una audiencia en la que la procesada, María Constanza García Aguirre, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El caso continúa su curso judicial mientras los perros rescatados reciben atención especializada.