La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el expediente que denuncia la impunidad sostenida en el asesinato de la periodista Silvia Margarita Duzán, ocurrido en febrero de 1990 en Cimitarra (Santander). Duzán es reconocida por haber retratado la guerra en el Magdalena Medio y los Santanderes, así como en los guetos de las grandes ciudades. Es hermana de la también periodista María Jimena Duzán, quien ha reclamado justicia durante más de tres décadas.
Un crimen que marcó el periodismo colombiano
Duzán fue asesinada durante su primer día de reportería para un documental sobre la delicada situación de derechos humanos en Cimitarra, para el Canal 4 de la televisión británica. El medio londinense estaba interesado en reconocer la labor de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), neutral ante partidos políticos y en contra de cualquier tipo de acción violenta. Hombres armados la acribillaron en un restaurante, junto a los líderes campesinos que iba a entrevistar, y desde entonces el caso quedó sumido en impunidad.
La solicitud de la CIDH ante la Corte IDH
Por ello, la CIDH invocó a la Corte IDH para que someta a juicio al Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida y a la libertad de expresión de Silvia Margarita Duzán Sáenz, así como de los derechos de sus familiares a la integridad personal, las garantías judiciales, la libre circulación y la protección judicial. También se incluyen los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y la libertad de asociación de los líderes de la ATCC.
Con respecto a la muerte de la periodista Silvia Margarita Duzán, la Comisión señaló que existía un riesgo especial, no solo por su profesión y ser mujer en el contexto del país, y de la región, sino también por la información que como parte de sus labores cubría y difundía al momento de ser asesinada.
La trayectoria de una periodista comprometida
Silvia Margarita Duzán se interesaba profundamente por temas relacionados con la cultura urbana. Se especializó en conocer por dentro las galladas, las modas y gustos de los sectores marginales. Publicó diversas crónicas sobre el aspecto sórdido de la ciudad, la música y los jóvenes pandilleros. Tenía una especial capacidad para desentrañar y valorar las experiencias urbanas marginales y reconocer sus propios lenguajes.
Se crio en el barrio Chicó de Bogotá, junto a sus hermanos Juan Manuel y María Jimena Duzán. Estudió nueve semestres de economía en la Universidad de Los Andes, donde conoció y apropió pensamientos de izquierda. Junto a María Jimena fundó el periódico El Escalón, considerado el primero de esa universidad. Abandonó la carrera de economía para trabajar en la recién fundada revista Semana, influenciada por su padre, Lucio Duzán, columnista de El Espectador.
Periodista de guetos y de guerra
Con el tiempo, Silvia Margarita Duzán entabló una relación profunda con el periodismo de investigación en Bogotá. Se la recuerda por abordar las problemáticas sociales y de sicariato en el barrio La Macarena, lo cual luego trasladó a Medellín. Se metía en la profundidad de los dolores de la ciudad, al punto de entrevistar a los protagonistas de la violencia desde un aspecto humano y trascendental.
A finales de la década de los ochenta, la periodista de guerra ya era una figura reconocida en el gremio. Por ello, fue contactada desde Londres para que reconociera, a través de su mirada, el liderazgo de Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos y Saúl Castañeda Zúñiga, de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).
La investigación que permanece bajo sombras
La CIDH, en su informe final, encontró “graves deficiencias” en la respuesta estatal de las autoridades investigativas, entre ellas prolongadas demoras, extensos períodos de inactividad y la intervención de la Justicia Penal Militar en el análisis de la responsabilidad de uno de los sospechosos.
Por la masacre fueron investigadas 37 personas, incluyendo al paramilitar Hermógenes Mosquera, alias Mojao, cercano al jefe paramilitar Henry Pérez. En 2020, la Fiscalía General de la Nación declaró el homicidio como un crimen de lesa humanidad, al ser un ataque sistematizado por parte de grupos paramilitares. Sin embargo, la investigación no ha avanzado más allá de esto. Todo lo que se conoce del crimen es gracias a la investigación que hizo María Jimena.
Aunque durante décadas fueron investigados agentes estatales y otras personas presuntamente vinculadas con grupos paramilitares, todos resultaron absueltos por los homicidios. La CIDH denunció que, más de tres décadas después de la masacre, no existe ninguna condena por los asesinatos. Ello motivó la decisión de llevar el expediente ante la Corte Interamericana, donde Colombia puede ser condenada a ofrecer excusas públicas y una serie de reparaciones materiales y simbólicas.