Carlos Mattos no obtuvo inmunidad tras salidas irregulares en La Picota
El empresario Carlos Mattos, condenado por sobornar al sistema judicial, intentó negociar con la Fiscalía un principio de oportunidad para evitar la cárcel por delitos de peculado por uso y prevaricato por omisión. La negociación incluía la entrega de dos camionetas como reparación al Inpec y al ente acusador, en compensación por las salidas irregulares que protagonizó en 2022 desde La Picota hacia su oficina en Bogotá.
Jueza 42 de Control de Garantías rechaza el trato por falta de argumentos
La jueza encargada del caso consideró que la Fiscalía no demostró suficientemente el daño colectivo mínimo requerido para aplicar la causal de principio de oportunidad. Además, señaló que no se presentaron pruebas claras que vincularan a Mattos con las conductas punibles imputadas, lo que constituyó una falencia argumentativa que impidió aprobar el beneficio judicial.
“La afectación que se pudo presentar tiene que ver con bienes colectivos, pero no hubo evidencia suficiente que sustentara la causal invocada ni la conducta punible de Mattos”, explicó la jueza.
Expertos opinan sobre la negativa y posibles pasos a seguir
El penalista Juan Felipe Criollo criticó la decisión, señalando que la ley y recientes resoluciones de la Fiscalía promueven el uso de principios de oportunidad para descongestionar la justicia y aplicar una justicia efectiva. Por su parte, el abogado Mateo Coronado indicó que aunque no se interpusieron recursos por ahora, la Fiscalía puede presentar una nueva solicitud con más evidencias o llevar a Mattos a juicio.
- La Fiscalía puede volver a solicitar el principio de oportunidad con nueva evidencia.
- Si no se concede, podría imputar formalmente a Mattos por los delitos.
- No existe límite en el número de veces que se puede presentar la solicitud.
- La decisión final dependerá de la evaluación y estrategia de la Fiscalía.
¿Cómo avanzará el proceso judicial contra Carlos Mattos?
El futuro del caso está en manos de la Fiscalía, que deberá decidir si insiste en la negociación o impulsa el proceso penal. La negativa de la jueza marca un precedente sobre la exigencia de pruebas claras y el cumplimiento estricto de los requisitos para otorgar beneficios judiciales en casos de corrupción y delitos relacionados.