Un aislamiento que se convierte en trampa
Nueva Venecia y Buenavista son pueblos que se sostienen sobre estacas, flotando sobre el espejo de agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Durante generaciones, esa distancia respecto a la tierra firme fue una forma de resguardo para sus habitantes. Hoy, según acaba de advertir la Defensoría del Pueblo, ese aislamiento se ha convertido en una trampa: los mismos canales que durante años dieron sustento a la pesca y al comercio se han transformado en corredores disputados por grupos armados que buscan controlar el paso de droga y armamento entre la Sierra Nevada, el río Magdalena y el mar Caribe.
La entidad emitió este domingo la Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026, un documento que pone el foco no solo en los caseríos palafíticos, sino también en el corregimiento de Palermo —con sus veredas La Canchera, Caño Clarín y Villa Clarín— y en los sectores rurales de San Antonio, Carmona y La Trinidad.
Los actores del conflicto: del ‘clan del Golfo’ a las Autodefensas de la Sierra
Detrás de la alerta hay una disputa territorial entre dos actores: el ‘clan del Golfo’, que avanza desde el departamento del Atlántico, y las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que mantienen presencia consolidada desde la vertiente occidental de la Sierra Nevada y buscan extender su influencia hacia el complejo lagunar. A este escenario se suma un actor local, la banda conocida como 'Los Carperos', que opera en Palermo y que, según la Defensoría, podría terminar absorbida por alguno de los dos grupos mayores, lo que multiplicaría la violencia en la zona.
Masacres y control cotidiano: los hechos que encendieron la alerta
Este año, la Defensoría ha registrado en la región homicidios cometidos con extrema crueldad, desapariciones forzadas y ataques armados. Un hecho reciente ilustra la magnitud del problema: la masacre ocurrida en el corregimiento de Palmira, en el vecino municipio de Puebloviejo, donde varias de las víctimas eran originarias de Nueva Venecia. Para la entidad, ese episodio confirma que la violencia en el complejo cenagoso no respeta límites municipales, sino que golpea a una misma comunidad dispersa entre distintos pueblos de agua.
Más allá de los hechos violentos, la Defensoría documentó un control cotidiano y silencioso sobre la vida de los habitantes: normas de comportamiento impuestas por los grupos armados, restricciones para moverse por los canales, reuniones obligatorias convocadas por esas estructuras y el cobro sistemático de extorsiones a pescadores, comerciantes y personas dedicadas al turismo. La vigilancia se ha vuelto además tecnológica: la entidad identificó el uso de drones para monitorear el territorio, así como el reclutamiento forzado de pobladores locales para tareas logísticas al servicio de las armas.
El golpe a la 'cultura anfibia' de la ciénaga
El impacto económico y alimentario también es severo. Pescadores han sido desplazados de sus zonas tradicionales de faena y se les ha prohibido el acceso a cuerpos de agua clave, golpeando directamente la subsistencia de lo que la propia Defensoría llama la 'cultura anfibia' de la ciénaga. A esto se suma el uso de espacios comunitarios como bodegas de armas y puntos de venta de estupefacientes, lo que erosiona la confianza y el tejido social de los pueblos.
Tres grupos en máxima vulnerabilidad
Tres grupos concentran la mayor vulnerabilidad, según el documento. El primero son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, expuestos a ser reclutados o utilizados por los grupos armados, en un contexto donde la pobreza y la falta de oportunidades facilitan esa captación. El segundo son los liderazgos sociales y comunales, señalados y amenazados por ejercer su labor. El tercero son las propias comunidades palafíticas, cuya condición geográfica —antes una ventaja— hoy dificulta que la protección institucional llegue a tiempo.
Quince tareas urgentes para el Estado
Frente a este panorama, la Defensoría formuló quince recomendaciones dirigidas a distintas entidades. Al Ministerio del Interior le pide coordinar una respuesta rápida a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). A la Armada Nacional y la Policía Nacional, reforzar la disuasión en los corredores fluviales y lagunares. A la Fiscalía General de la Nación, avanzar en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos en la zona. Y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Unidad Nacional de Protección, activar rutas diferenciales de prevención y protección para la niñez y para los liderazgos amenazados.
El Estado debe actuar bajo un enfoque de seguridad humana para salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes de Sitionuevo. Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.
Para la Defensoría, sin una intervención estatal oportuna, el riesgo es claro: más masacres, más desplazamientos forzados y más confinamientos en un territorio que ya ha pagado un alto costo.