La Fiscalía General de la Nación imputó a Juliana Guerrero el delito de fraude procesal en un caso relacionado con la presunta falsificación de títulos académicos emitidos por la Fundación Universitaria San José. Según la investigación, Guerrero, cercana al presidente Gustavo Petro y ex candidata a viceministra de Juventud, usó diplomas falsos para intentar acceder a un cargo público.
Nunca fue a clase, ni presentó los exámenes, además no hizo la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse.
La fiscal del caso, Jessica Montealegre, explicó que Guerrero tenía pleno conocimiento de la falsedad de sus títulos y los subió a la plataforma oficial del Estado para cumplir con los requisitos académicos necesarios para la postulación a viceministra, con el objetivo de engañar a las autoridades y obtener el cargo.
Durante la audiencia ante el juez 38 penal de control de garantías de Bogotá, Guerrero negó los cargos imputados. Paralelamente, la Fiscalía también imputó a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, por falsedad ideológica en documento público, al haber gestionado y autorizado los títulos fraudulentos.
La investigación reveló que Guerrero nunca cumplió con los requisitos académicos, incluyendo la prueba Saber Pro, obligatoria para la obtención de títulos profesionales en Colombia. Además, la Fundación San José habría graduado irregularmente a al menos 24 funcionarios y contratistas del Gobierno, lo que plantea preocupaciones sobre la sistematicidad del fraude.
- Juliana Guerrero no asistió a clases ni presentó exámenes para sus títulos.
- Los diplomas falsos fueron subidos por Guerrero a la plataforma oficial de hojas de vida del Estado.
- Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación San José, autorizó los títulos sin requisitos cumplidos.
- El caso generó la retirada de la postulación de Guerrero a viceministra y mantiene su influencia en círculos cercanos al presidente.
- Se investiga si otras irregularidades similares afectan a funcionarios y contratistas del Gobierno.
Este caso ha generado un debate sobre la transparencia y control en la expedición de títulos académicos en Colombia, así como sobre la idoneidad de quienes ocupan cargos públicos. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer si existen más casos vinculados a esta práctica irregular.