En la vereda Las Camelias, jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia, cuatro campesinos fueron asesinados por el Frente 4 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Calarcá Córdoba. A pesar de la gravedad de los hechos, el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta intensas críticas y cuestionamientos políticos ante la ausencia de un pronunciamiento directo, en medio del mantenimiento de la mesa de diálogos de la 'paz total'.
Los hechos: terror en Las Camelias
Los criminales asaltaron fincas, incendiaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas, generando terror en la zona. Las autoridades confirmaron que tres de las víctimas fueron asesinadas en el lugar, mientras que una cuarta permaneció inicialmente desaparecida. Una fotografía difundida por las autoridades muestra a las víctimas amarradas de manos y custodiadas por un disidente antes de su asesinato.
Ofensiva regional y silencio oficial
Este hecho se suma a una ofensiva regional del grupo de alias Calarcá, la cual incluye extorsiones, amenazas a comerciantes y una violencia que se extiende hasta la región amazónica. Mientras ocurría la masacre, la delegación oficial del Gobierno para los diálogos, liderada por Gloria Quiceno, verificaba de forma paralela la supuesta 'voluntad de paz' de alias Calarcá. El cabecilla disidente, quien tiene todavía la orden de captura suspendida por el presidente Petro, afirmó su compromiso con el proceso, aunque anunció que no asistiría presencialmente a las reuniones justificando su ausencia por las confrontaciones armadas en el territorio.
Exigencias de la Fiscalía y críticas políticas
Ante la cadena de hechos violentos y el asesinato de los campesinos, la opinión pública y sectores judiciales exigen medidas drásticas. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitó desde hace meses al comisionado de paz, Otty Patiño, que se reactiven las órdenes de captura contra el jefe disidente ante los crímenes cometidos.
Impacto electoral en Antioquia
El impacto político de la masacre ha encendido las alarmas de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, pues dirigentes políticos locales y líderes sociales denuncian que estas acciones buscan presionar a los pobladores en un contexto netamente electoral. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó fuertemente al Ejecutivo al señalar que mientras el grupo armado comete masacres, ejerce presión armada en municipios como Remedios, Campamento y Angostura para favorecer una candidatura de izquierda.