Un fin de semana de sangre en la capital de Norte de Santander
La violencia volvió a golpear a Cúcuta el pasado fin de semana. Dos hechos encendieron las alarmas y volvieron a poner sobre la mesa la compleja situación de orden público que atraviesa la capital de Norte de Santander, una ciudad donde confluyen grupos armados, bandas locales y organizaciones criminales transnacionales que se disputan territorios y economías ilegales.
El lunes 8 de junio se registró la masacre número 63 del año en Colombia y la número 4 de esa ciudad. El caso se registró en la vereda Agua Clara, sobre una vía que comunica al municipio con Puerto Santander, donde fueron encontrados tres hombres sin vida con signos de violencia. La identidad de las víctimas no ha sido establecida.
Dos días antes de esa masacre, el país conoció otro crimen que generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de prensa. El periodista Cristian Herrera, reconocido líder social y corresponsal en Norte de Santander, además de integrante de la junta directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en el departamento, fue asesinado cuando se movilizaba por el sector de Guaimaral para visitar a unos familiares.
El asesinato de un periodista que había recibido amenazas
Según la información recopilada por las autoridades, un hombre que se desplazaba en motocicleta se acercó y le disparó en repetidas ocasiones. Aunque Herrera fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. Organizaciones sociales han señalado que el comunicador había recibido amenazas y presiones de grupos armados en ocasiones anteriores, presuntamente relacionadas con su labor periodística y de denuncia.
Cifras que alarman: cuatro masacres y 62 homicidios en 2026
Los hechos recientes se suman a un panorama que viene deteriorándose desde comienzos de año. Solo en 2026, Cúcuta ha registrado cuatro masacres que han dejado 12 víctimas, y el asesinato de dos líderes sociales. A ello se agregan 62 homicidios contabilizados durante el primer trimestre, una cifra que, aunque representa cuatro casos menos que en el mismo periodo de 2025, mantiene a la ciudad dentro de los focos de preocupación por la persistencia de la violencia armada.
Son una multiplicidad de factores que tiene mucho que ver, en el fondo, con la presencia en la ciudad desde hace un tiempo para acá, de un grupo de narcotraficantes que quieren controlar el mercado de la cocaína, la comercialización, sino también han querido penetrar distintos sectores de la economía, de la sociedad y de la política en la ciudad.
Alertas institucionales que advierten sobre el control ilegal
Las alertas institucionales han venido advirtiendo sobre este escenario. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 013 de 2025, en la que incluyó a San José de Cúcuta dentro de los territorios que requieren acciones urgentes por parte del Estado. El documento advierte que la imposición de normas, controles y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados sigue representando riesgos para los derechos fundamentales de la población.
A esa advertencia se suma la Alerta Temprana 027 de 2024, donde la entidad señaló que diferentes actores armados ilegales desarrollan acciones orientadas al control social mediante amenazas, homicidios selectivos y prácticas de denominada 'limpieza social'. El informe también menciona riesgos asociados al reclutamiento de menores, la extorsión y las restricciones a la movilidad en distintos sectores de la ciudad.
El caso del veedor Jaime Vásquez, un antecedente que marcó un antes y un después
Recordemos que en abril de 2024, el asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez marcó uno de los episodios que evidenciaron el deterioro de la seguridad en Cúcuta y que generó reacciones de distintos sectores de la ciudad, debido al papel que desempeñaba como denunciante de presuntas irregularidades en entidades públicas y a la visibilidad que había adquirido a través de sus publicaciones en redes sociales.
La investigación sobre el asesinato de Vásquez se mantiene como uno de los expedientes de mayor relevancia para las autoridades en Norte de Santander, en medio de un contexto de violencia que también ha estado marcado por la presencia de grupos armados, estructuras criminales y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región.