Una promesa de 6,5 millones de hectáreas que apenas arranca
La familia Páez Mahecha, de La Palma (Cundinamarca), es el rostro de la restitución de tierras en Colombia. Desplazados cinco veces por las Farc, con cuatro asesinatos, este año recibieron materialmente el predio Alto Grande. Como ellos, 40.795 familias han sido restituidas en 15 años, pero la meta inicial de 6,5 millones de hectáreas apenas ha alcanzado el 16%, según la organización veedora Forjando Futuros.
Cifras que muestran avances y deudas pendientes
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) reporta 176.055 solicitudes recibidas, 45.845 predios inscritos en el RUPTA y 11.322 sentencias positivas. Sin embargo, solo se ha resuelto el 10,7% de los casos. De las 14,2 millones de hectáreas inscritas, 13,2 millones corresponden a la ruta colectiva, que atiende a comunidades indígenas, campesinas y negras.
- Hectáreas con órdenes de restitución: 1.113.488
- Hectáreas materialmente entregadas: 727.739 (526.695 en ruta colectiva)
- Personas beneficiadas: 157.345 (105.700 en ruta colectiva)
- Tasa de inscripción actual: 73% (antes era 65%)
Los obstáculos que frenan la restitución
El 71% de los expedientes no tiene oposición de terceros, pero el 75% de los trámites supera el año de duración, cuando la ley fijó un límite de cuatro meses. Además, la URT enfrenta un rezago presupuestal de 1 billón de pesos y necesita pasar de 500 a más de 2.000 empleados para atender la demanda.
Hago un llamado al Ministerio de Hacienda. La política de restitución quiere más recursos. Tenemos un rezago de alrededor de un billón de pesos solo en órdenes judiciales.
El perfil de los victimarios y el tiempo perdido
Según Forjando Futuros, en el 47% de los expedientes se identificó a paramilitares como victimarios; en el 24%, a guerrillas; en el 17%, hubo enfrentamientos entre bandos; y en el 2%, el mismo Estado fue victimario. La mayoría de los despojos ocurrieron entre 1999 y 2004. La ley solo permite estudiar casos posteriores a 1991, dejando por fuera hechos anteriores.
El reto del próximo gobierno: cinco años de plazo
A la Ley de Víctimas le quedan cinco años de ejecución, a menos que se extienda nuevamente. La URT insiste en que no se puede esperar a que cese el conflicto para garantizar derechos, pero la presencia de actores armados sigue impidiendo la entrega material de tierras en zonas históricamente violentadas.