Desde finales de 2023, las decisiones del Consejo de Estado han generado un impacto significativo en el gobierno del presidente Gustavo Petro al anular nombramientos de funcionarios clave. Esta tendencia se ha acentuado en sectores como el diplomático y regulatorio, evidenciando cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos técnicos y legales.
El caso emblemático de Cielo Rusinque
Recientemente, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque Urrego como superintendente de Industria y Comercio. El alto tribunal determinó que Rusinque no cumplía con la idoneidad técnica ni la formación académica exigida para el cargo, lo que representó un duro golpe para una de las funcionarias más cercanas al presidente Petro.
Anulaciones en el sector diplomático
El sector diplomático ha sido uno de los más afectados por estas decisiones. En diciembre de 2025, se ratificó la anulación del nombramiento provisional de Irene Vélez como cónsul en Londres por violar las reglas de la carrera diplomática. Además, surgieron cuestionamientos legales sobre su doble rol como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ministra encargada de Ambiente, que derivaron en nuevas demandas.
- Álvaro Moisés Ninco Daza, embajador en México, por incumplimiento en el procedimiento de publicación y evaluación.
- Aixa Carolina Kronfly David, cónsul en Sevilla, y Paola Andrea Vásquez Restrepo, consejera en Washington, por no priorizar diplomáticos de carrera.
- Andrés Felipe Rodríguez Vasco (Estados Unidos), Fernando Pico Chacón (Bilbao), Ricardo Alfredo Montenegro Coral (Brasil) y Germán Antonio Gómez Polo (Argentina), por nombramientos provisionales sin justificación.
- Marisol Rojas Izquierdo (Reino Unido), Andrés Camilo Hernández Ramírez (México) y Juan Pablo Castro Morales (Francia), por falta de experiencia diplomática requerida.
Impacto también en entidades regulatorias
El Consejo de Estado igualmente anuló la designación de Omar Fredy Prías como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). El tribunal confirmó que Prías no cumplía con la experiencia mínima exigida, ya que acreditó 46 meses en el sector energético cuando la normativa requiere al menos 70 meses en nivel directivo, ordenando su separación del cargo.
Estas decisiones reflejan un escrutinio riguroso sobre los procesos de nombramiento en el gobierno actual, con efectos directos en la estabilidad y continuidad de funcionarios en puestos estratégicos.